El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado contra las negociaciones entre el Gobierno español y Junts para desbloquear el nuevo decreto de vivienda. El dirigente republicano considera que es “un error” que la formación de Míriam Nogueras pueda condicionar los límites de las medidas que prepara el ejecutivo.
“Los otros, Gobierno y izquierdas, deben ser quienes, tras negociar, impongan a Junts qué hacer con la vivienda”, ha afirmado Rufián en las redes. El republicano ha añadido que, si Junts rechaza posteriormente las medidas, deberá asumir políticamente esta decisión, y ha acusado al partido de estar “al servicio de los buitres inmobiliarios”.
Las declaraciones llegan después de que Junts haya confirmado que ha reactivado los contactos con el PSOE y el Ministerio de Vivienda. La formación trasladó a Pedro Sánchez a principios de septiembre sus propuestas y asegura que los socialistas las están estudiando.
Junts reclama que el Estado asuma la protección de los vulnerables
Uno de los principales puntos de discrepancia es cómo se debe proteger a las familias vulnerables que afrontan un desahucio. Junts defiende sustituir la suspensión generalizada de algunos lanzamientos por mecanismos en los que sea la administración quien asuma el coste de los impagos, de manera que la protección social no recaiga sobre los propietarios.
La formación también ha planteado incentivos fiscales para favorecer que los propietarios pongan viviendas en el mercado, desgravaciones para los inquilinos y medidas dirigidas a los pequeños propietarios. Entre sus condiciones también figura preservar las competencias de la Generalitat en vivienda.
El Ministerio de Vivienda, encabezado por Isabel Rodríguez, trabaja en un decreto más amplio que combine medidas para dar estabilidad a los inquilinos e instrumentos para movilizar vivienda asequible. El Gobierno español busca cerrar los apoyos necesarios para poder llevar el texto al Consejo de Ministros, con el próximo martes como una de las fechas sobre la mesa.
Tres intentos frustrados durante el 2026
La negociación está condicionada por los precedentes de este año. El 27 de enero, el Congreso derogó un decreto que incluía la prórroga de medidas de protección ante los desahucios. El Gobierno aprobó posteriormente otro decreto que extendía hasta finales de 2026 la suspensión de determinados desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, introduciendo una excepción para los propietarios de dos viviendas o menos. Este segundo texto también decayó en el Congreso el 26 de febrero.
El tercer revés llegó el 28 de abril, cuando PP, Vox y Junts, junto con UPN, impidieron la convalidación de un decreto que permitía prorrogar hasta dos años determinados contratos de alquiler y limitaba al 2% la actualización anual de las rentas en los supuestos previstos. La votación terminó con 166 votos favorables, 177 en contra y cinco abstenciones.
El desahucio de Maricarmen reactiva la negociación
Los contactos se han acelerado tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía desde hacía siete décadas en un piso de renta antigua en el barrio madrileño de Retiro. El caso ha reactivado la presión política sobre el ejecutivo para que apruebe nuevas medidas de vivienda.
Sumar ha reclamado acelerar el decreto, mientras Sánchez ha pedido a los grupos parlamentarios que faciliten una respuesta legislativa. En paralelo, Junts mantiene abierta la negociación a la espera de una respuesta a sus propuestas.
Es en este escenario que ERC presiona para que las negociaciones con Junts no terminen, según Rufián, determinando el alcance de las políticas de vivienda que impulsen el Gobierno español y sus socios de izquierdas.
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