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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha admitido en el Parlament que durante la realización de las pruebas PISA 2025 se registraron errores "graves e inaceptables", pero ha defendido que el Govern ha actuado para localizarlos, depurar responsabilidades si procede y evitar que se repitan.
En su comparecencia, ha explicado que las diligencias abiertas cuando se tuvo conocimiento de los hechos apuntan a "errores de interpretación, de supervisión y carencias en la transmisión de información inaceptables dentro de la organización". Según ha detallado, el Consell d'Avaluació disponía de información sobre la incidencia, pero no la trasladó a los responsables políticos del departamento.
Illa ha remarcado que el Govern "no quiere minimizar" lo sucedido, que ha definido como un "error grave" en el proceso de aplicación, seguimiento y validación de la muestra. Ante esto, ha afirmado que al ejecutivo le corresponde explicar los hechos, determinar responsabilidades y corregir aquello que no ha funcionado.
Una cronología con varios puntos de inflexión
El presidente ha reconstruido los hechos con una cronología similar a la que ya había expuesto a finales de agosto la consellera de Educación. Ha situado el origen del proceso en el Consell Superior d'Avaluació, que era el organismo responsable cuando se hicieron las pruebas.
El 11 de marzo de 2025, antes del inicio de las pruebas, este órgano hizo una sesión informativa presencial con los centros seleccionados y entregó documentación con los datos facilitados por el Institut Nacional d'Avaluació (INE). Illa ha indicado que aquella información era "correcta pero incompleta", porque no aparecía el umbral máximo del 5% de exclusión de alumnos fijado por la OCDE.
La fase de aplicación arrancó el 31 de marzo y se alargó hasta el 16 de mayo. El 9 de mayo, ha relatado, se produjo el "primer punto de inflexión", cuando el INE comunicó al Consell d'Avaluació que se estaba registrando un porcentaje de exclusión superior y reclamó que se recordara a los centros el máximo establecido.
El presidente ha asegurado que las diligencias "no han podido acreditar" que este aviso llegara a los centros educativos ni que se activaran medidas específicas de seguimiento o corrección. "Todavía existía margen para actuar", ha remarcado.
Según ha añadido, el Consell Superior d'Avaluació recibió "hasta seis informes técnicos" relacionados con esta incidencia. Por ello, ha considerado que "se podía y se debería" haber reforzado el control, advertido a los centros que no habían hecho las pruebas y aumentado la supervisión de las exenciones de la muestra. En este punto, ha admitido que no se adoptaron las medidas correctoras adecuadas.
Ha precisado también que el 30 de mayo consta el último informe técnico dirigido al Consell Superior d'Avaluació y que, a partir de aquel momento, "se interrumpen las comunicaciones sobre esta incidencia, o al menos no hay constancia alguna". Según ha constatado, existió información "durante meses" que no llegó a los niveles de decisión correspondientes.
Más adelante, en febrero de 2026, la actual directora de la Agència d'Avaluació i Prospectiva recibió "oralmente" información sobre la existencia de la incidencia y, a partir de aquel momento, Illa ha dicho que esta "empezó a elevarse a la estructura del Departament d'Educació", lo que desembocó en la apertura de diligencias. En junio de este año, el INE informó "debidamente" a la Agència sobre el alcance del problema, que comportó excluir a un 23,2% de alumnado cuando la recomendación era del 5%.
Expedientes disciplinarios y cese de Teresa Sambola
Toda esta secuencia acabó derivando en tres expedientes disciplinarios y en la destitución de Teresa Sambola como secretaria general de Educación. Dos de los expedientes responden a un incumplimiento grave de obligaciones y deberes inherentes a la función pública, mientras que el tercero hace referencia a una infracción leve vinculada con la normativa de transparencia y buen gobierno.
Illa ha precisado que los tres procedimientos están "en curso" y que "no corresponde anticipar el resultado" ni señalar a los responsables. También ha subrayado que estos expedientes deben concretar los hechos y las consecuencias que se deriven.
"Lo que pasó con PISA no debería haber pasado, el Govern lo asume", ha afirmado el presidente, que a la vez ha defendido que el ejecutivo ya ha empezado a corregir los procesos que no funcionaron y a reforzar los mecanismos de supervisión.
Debate educativo y objetivo del 6% del PIB
A pesar del error detectado, el presidente ha señalado que los resultados globales de PISA a escala internacional, y especialmente los de España, aportan información útil y reflejan un descenso "muy preocupante" que debería servir de "estímulo" para impulsar mejoras.
En este escenario, ha defendido el debate que el Govern ha puesto en marcha para conseguir un pacto de país sobre el futuro de la educación en Catalunya. Por ello, ha hecho un llamamiento al conjunto de la comunidad educativa y a las fuerzas del país para "aprovechar esta oportunidad" y ha pedido que el proceso se haga "con sentido común, responsabilidad y con aportaciones constructivas y positivas".
Además, ha reiterado el compromiso de trabajar para llegar al 6% del PIB en educación, admitiendo que se deberá alcanzar "gradualmente" y sin fijar calendarios. "Gradualidad tampoco quiere decir lentitud", ha añadido.
