La ley contra la especulación en la vivienda llega al tramo final de la tramitación con cambios importantes sobre la mesa. PSC y ERC han presentado enmiendas al articulado para que las limitaciones a la compra de viviendas se apliquen solo a los grandes tenedores, es decir, a los titulares de cinco viviendas o más.
Las enmiendas, avanzadas por ‘La Vanguardia’ y publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, modifican el alcance de una norma impulsada por los Comunes como contrapartida aceptada por el PSC en la negociación de los presupuestos. El texto, sin embargo, no se votará hasta después del verano, ya que Junts ha anunciado que lo llevará al Consejo de Garantías Estatutarias.
La proposición de ley modifica la Ley de urbanismo para permitir limitar la compra especulativa de viviendas en zonas tensionadas. El objetivo es que los pisos solo se puedan adquirir para vivir en ellos, para destinarlos a la residencia de un familiar o para ponerlos en el mercado de alquiler habitual con los límites de precio establecidos.
Comunes y CUP quieren quitar poder a los ayuntamientos
En paralelo, Comunes y CUP han registrado enmiendas conjuntas para que la aplicación de la limitación no dependa de los ayuntamientos. Concretamente, proponen eliminar la parte del texto que deja esta regulación en manos de los planes de ordenación urbanística municipal.
Los Comunes también han pactado enmiendas con el PSC para introducir algunas excepciones. Entre estas, que la limitación no se aplique en adquisiciones de viviendas individuales por causa de muerte o en la compra de edificios destinados a operaciones de rehabilitación integral, siempre que haya el compromiso de destinarlos a alquiler de vivienda habitual.
El texto también prevé que, de manera excepcional, se pueda comprar una vivienda diferente de la habitual cuando sea la única segunda residencia del comprador y esté situada en otro municipio.
Votación aplazada hasta octubre
La ley se debía votar inicialmente en el pleno que comienza este martes, pero el debate final quedará aplazado hasta octubre. El motivo es que Junts la llevará al Consejo de Garantías Estatutarias, un trámite que obliga al Parlamento a esperar el dictamen antes de someter el texto a votación, aunque la resolución del órgano no es vinculante. El PPC también estudia recurrir la norma ante el mismo organismo consultivo.
La proposición se ha tramitado por la vía exprés y el 8 de julio ya superó las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, Vox, PPC y Aliança Catalana. Además de regular las limitaciones de compra, el texto amplía el régimen sancionador porque se consideren infracciones muy graves tanto el incumplimiento de las restricciones como los negocios jurídicos simulados para esquivarlas.
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