Primera multa en Cataluña a una agencia por "racismo inmobiliario"

El vecino de la capital del Maresme acumula hasta cinco casos más que esperan su evolución

09 de febrero de 2026 a las 13:49h

La Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat, adscrita al Departamento de Igualdad y Feminismo, ha impuesto la primera sanción en Cataluña por “racismo inmobiliario”. La multa, de 10.001 euros, se ha impuesto a una agencia inmobiliaria de Mataró por una “infracción grave” consistente en la discriminación en el acceso al alquiler por razón de origen, según ha informado el Observatorio DESCA y el mismo departamento

La sanción se enmarca en la aplicación de la Ley 19/2020 de igualdad de trato y no discriminación y deriva de un expediente abierto a raíz de la denuncia presentada por Hamid, vecino de la capital del Maresme y originario de Marruecos. El Observatorio DESCA acompaña a Hamid en tres casos más que se encuentran pendientes de actuaciones, así como en dos expedientes adicionales presentados ante el órgano de Igualdad y Feminismo

Según detalla la entidad, los hechos se remontan a enero de 2024, cuando Hamid “hizo un testeo” después de que la inmobiliaria le comunicara que el piso que había solicitado “ya estaba alquilado”. Posteriormente, un compañero de trabajo preguntó por la misma vivienda y, según el Observatorio, le respondieron que estaba “disponible” e incluso le concertaron una visita.

Ante esta situación, Hamid se presentó personalmente en la cita para pedir explicaciones. Según relata DESCA, “el administrador de la agencia inmobiliaria lo llegó a admitir” y reconoció que los propietarios no querían inquilinos marroquíes.

La resolución del expediente, tramitada por vía administrativa, reconoce “la existencia de daños y perjuicios, incluido el daño moral”. Además, el documento abre la puerta a la posibilidad de que la víctima reclame una indemnización a través de la justicia ordinaria.

El Observatori DESCA considera “fundamental” que, “ante el auge y la normalización” de este tipo de prácticas, se eleven los importes de las sanciones hasta el límite legal, fijado en 40.000 euros. Por su parte, el Departament d’Igualtat i Feminisme reivindica la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación como una “herramienta clave de las políticas públicas de igualdad”.