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El Govern ha aprobado este martes una modificación de los préstamos de emancipación para jóvenes gestionados por el Institut Català de Finances (ICF), de manera que, a partir de ahora, no solo podrán cubrir el precio de compra de la vivienda, sino también las obras de rehabilitación o reforma del piso, con un límite máximo de 50.000 euros.
El acuerdo, validado en el Consejo Ejecutivo, también introduce la posibilidad de que estos créditos sirvan para adquirir viviendas que ya están protegidas, una medida que amplía el alcance de este instrumento financiero destinado a facilitar el acceso a la primera vivienda.
Nuevos convenios con administraciones locales
El mismo acuerdo prevé que se puedan firmar convenios entre la Agencia de Vivienda de Cataluña, el ICF y las administraciones locales, de manera que los ayuntamientos puedan complementar los préstamos de emancipación con cargo a sus presupuestos.
Estos préstamos permiten financiar hasta el 20% del importe de la compraventa, también con un tope de 50.000 euros, y se deben devolver durante los cinco años posteriores al pago de la hipoteca, con interés del 0%. Una vez formalizada la operación, la vivienda adquirida pasa a incorporarse al parque de vivienda protegida.
Más flexibilidad introducida desde mayo
La decisión adoptada ahora se añade a los cambios aprobados el pasado mes de mayo, cuando el Govern elevó de 35 a 40 años la edad límite para acceder a los préstamos, con el objetivo de ampliar el número de personas que se pueden beneficiar.
Aquella misma modificación también incorporó la posibilidad de financiar la compra de parkings y trasteros, siempre que estén situados en el mismo edificio de la vivienda, aunque no formen parte de la misma finca registral, así como más facilidades para acceder al préstamo en el caso de pisos de nueva construcción.
Más de 3.000 beneficiarios desde junio de 2025
Desde su puesta en marcha, en junio de 2025, más de 3.000 personas han accedido a su primera vivienda gracias a las ayudas vinculadas a los préstamos de emancipación, lo que se ha traducido en cerca de 2.000 viviendas protegidas o en proceso de calificación.
Según datos del ICF, el importe formalizado entre todas las operaciones supera los 76 millones de euros, con una media de 36.633 euros por préstamo y una edad media de los beneficiarios de 29,6 años.
