El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este sábado una línea de ayudas de 20 millones de euros hasta 2029 con la finalidad de rehabilitar 400 viviendas vacías y equipamientos públicos en desuso para hacerlos alquiler asequible. Illa, en el I Encuentro de Municipios Rurales, organizado en el Món Sant Benet (Bages), ha explicado que la propuesta se aprobará en el Consejo Ejecutivo del próximo martes, y se enmarca en la ley del Estatuto de municipios rurales, en vigor desde el verano. Al mismo tiempo, “se activará un nuevo parque de incentivos fiscales” y de deducciones para incentivar el traslado al mundo rural y a la rehabilitación. Unas medidas que, según cálculos del ejecutivo, tendrían un impacto de 14 millones de euros en las arcas públicas.
En materia fiscal, Illa ha precisado que se aplicarán rebajas de hasta el 20% del IRPF, de cara a la renta de 2026, “para promover el traslado de población a los municipios rurales a los menores de 35 años y familias con hijos, en edad de escolarización”. También “nuevas deducciones” por traslado, compra y alquiler de vivienda habitual. Unas desgravaciones que se suman, por ejemplo, a las deducciones del impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
La puesta en marcha de esta “bolsa de vivienda rural”, tal como la ha bautizado Illa, comportará una mayor coordinación entre la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) y los consejos comarcales para movilizar estas fincas. En este sentido, desde el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) se configurará “el Incasòl rural”, ha indicado el presidente catalán. Se trata de un equipo multidisciplinar (ingenieros, arquitectos, administrativos y especialista en derecho), integrado inicialmente por seis personas, para asistir a ayuntamientos y entidades supramunicipales de estas áreas en tramitaciones y gestiones urbanísticas. Al mismo tiempo, promoverá la recuperación de cascos antiguos y colaborará en la rehabilitación de inmuebles viejos.
En esta línea, Salvador Illa ha afirmado que se está estudiando con Infraestructures.cat para que “sea un medio propio del mundo local” y ayude a implementar “estos recursos”. También ha dicho que “se está trabajando para “recuperar competencia plena” para recuperar secretarios e interventores en los consistorios.
Por otra parte, el presidente del ejecutivo catalán ha destacado que se incrementará la aportación al Fondo de Cooperación Local del 2026 con un extra de nueve millones de euros (para este 2025 el importe máximo fijado total es de 146.335.567,20 euros).
En total, son propuestas que impactarán en los 608 municipios de Cataluña que tienen menos de 2.000 habitantes, de los cuales 381 son de especial atención porque su población está por debajo de las 500 personas. Sin embargo, la partida reservada está condicionada a la aprobación de presupuestos. “Se tratan de las primeras medidas para desplegar el Estatuto de municipios rurales”, ha resumido Illa para “entender y atender Cataluña desde los municipios que mantenéis vivo el territorio entero”.
La futura ley de Territorio
Paralelamente, a la inversión económica y proyectos de rehabilitación, la Generalitat “creará un grupo de estudio”, para que “todas las políticas públicas” incorporen una evaluación de impacto en el mundo rural. Es decir, “se mire al país desde un municipio rural”, ha remachado Illa. La voluntad es que la futura ley de Territorio se adapte a la planificación urbanística de cada localidad, incluir apartados que simplifiquen y que faciliten el desarrollo de los municipios pequeños, aportando una “mirada de sensibilidad” al mundo rural.
Para impulsar todas estas propuestas se crearán cuatro comisiones (urbanismo, movilidad, telecomunicaciones y de impacto normativo). La idea es que estén constituidas hacia finales de febrero.
Llamamiento para cambiar la ley de estabilidad presupuestaria del Estado
La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha hecho un llamamiento a las administraciones locales a llevar una “propuesta mayoritaria” al Congreso de los Diputados para modificar la ley de estabilidad presupuestaria. Romero la ha calificado de “injusta” y ha afirmado que, a veces, se envían partidas a los ayuntamientos pero “no tienen capacidad para gastarlas” o bien superan este tope normativo. “Al final, van para amortizar la deuda y no sé si este es el objetivo de las ayudas”, se ha quejado la consellera.
Romero, en su intervención en la mesa redonda durante la jornada, ha detallado las bonificaciones anunciadas por Illa como entre 150 y 2.000 euros por traslado de residencia a un municipio rural. “Un elemento de incentivo”, ha defendido la titular de Economía y Finanzas y ha añadido que son medidas “para ayudar al repoblamiento de municipios pequeños”. También ha concretado deducciones del 15 y 20%, en función de la base, de adquisición de una vivienda habitual en una localidad rural y el mismo porcentaje para la rehabilitación. Romero ha dicho que de cara a febrero tendrán el listado de los municipios que recibirán la financiación del fondo específico del Fondo de Cooperación Local de nueve millones de euros.
Aun así, la consellera ha remarcado que “no todo son recursos” y ha apostado por “poner herramientas para que tengan impacto” estos dineros. Por este motivo, ha apuntado a la necesidad, entre otros, de una ley de financiación autonómica para que los municipios tengan una “estabilidad” y puedan conocer los recursos con los que dispondrán.
En la misma línea se ha pronunciado el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, que en la clausura del I Encuentro de Municipios Rurales, ha asegurado que supondrá “una mayor oportunidad”. “Repartir poco no sirve de mucho”, ha remachado Dalmau y ha reconocido que esto permitiría “dar un salto” en la financiación a las entidades locales.
Por otro lado, Dalmau ha reclamado “dejar atrás el partidismo” a la hora de desplegar el Estatuto de los Municipios Rurales” y que se “mantenga el espíritu de colaboración y generosidad”. El consejero ha admitido que es un “camino complejo”, ya que comportará, entre otras cosas, modificaciones de normativas. Asimismo, ha puesto de relieve “tratarse mutuamente como adultos y con una relación de confianza” entre el Gobierno y los municipios del mundo rural.
