El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous una bateria d’acords que posen el focus en dues de les grans carpetes socials del moment: els salaris i l’accés a l’habitatge. La cambra ha donat suport a la idea d’un salari mínim català —amb l’objectiu que arribi al 60% del salari mitjà— i ha avalat iniciatives per combatre i “eliminar” l’especulació immobiliària en un context que els grups qualifiquen d’emergència habitacional.
Los acuerdos se han aprobado a través de diferentes mociones y puntos transaccionados, con mayorías variables según el contenido, y dejan claro que el Parlament quiere llevar el debate al terreno de las competencias y de la ejecución política, tanto en Cataluña como en el Estado.
Salario mínimo catalán: luz verde política, pero con matices entre grupos
El punto central sobre salario mínimo formaba parte de una moción de ERC y ha salido adelante con los votos favorables de Junts, Comuns y la CUP, la abstención del PSC y Aliança Catalana y el voto en contra de Vox y el PPC. El texto considera “necesario” elevar el salario mínimo hasta un importe equivalente al 60% del salario medio e insta al gobierno español a impulsar los cambios normativos para que la Generalitat pueda establecer este importe.
A pesar de esta aprobación, la cámara ha rechazado otras propuestas sobre el mismo tema: una de Junts que reclamaba el traspaso de la competencia para disponer de un salario mínimo propio, y otra de la CUP que reiteraba el 60% del salario medio y añadía que se debe fijar “de acuerdo con el coste de la vida”.
Vivienda: el Parlament aprueba pasos para frenar la compra especulativa
En paralelo, el pleno ha aprobado un punto impulsado por la CUP que defiende avanzar hacia “la eliminación de la compra especulativa de vivienda” en todo el territorio, en un modelo orientado a garantizar necesidades básicas en plena emergencia habitacional. Esta propuesta ha prosperado con el apoyo de PSC, Comuns, ERC y la CUP.
En la misma línea, a propuesta de los Comuns, el Parlament ha reclamado medidas para hacer que la vivienda sea “para vivir y no para hacer negocio”, reforzando el mensaje político contra la especulación.
ERC, por su parte, ha conseguido el apoyo del pleno para reclamar mecanismos de control y sanción efectivos ante incumplimientos de la limitación del precio de los alquileres y de la regulación de las viviendas de uso turístico, así como del alquiler de temporada y de habitaciones.
Prestación universal de crianza: presión en Madrid y demanda de gestión catalana
Otro bloque destacado de la sesión ha sido la prestación universal de crianza, con dos puntos aprobados a partir de mociones de ERC y de los Comunes. El texto republicano insta al gobierno español a aprobarla con un “financiación estable y suficiente” como herramienta clave contra la pobreza infantil. También pide que la gestión y ejecución recaigan en la Generalitat y propone crear una oficina específica para desplegar la estrategia de lucha contra la pobreza infantil hasta 2030, con calendario público, presupuesto y mecanismos de seguimiento.
La propuesta de los Comunes reclama que el ejecutivo español la impulse “con celeridad” y defiende que sea universal y no condicional, como instrumento central de equidad y apoyo a todas las familias, para mejorar la igualdad de oportunidades y reforzar el contrato social.
Renta básica universal: debate y actualización del plan piloto
En materia de renta básica, el Parlament ha aprobado un punto de ERC que exige al Govern cumplir el acuerdo de investidura y promover un debate público “informado, riguroso y con datos” sobre su aplicación. El texto también pide actualizar el plan piloto para desplegarlo durante esta legislatura. En cambio, la cámara ha rechazado una propuesta de la CUP sobre la renta básica universal.
Inmigración: apoyo al traspaso de competencias y a un plan de cohesión
En otro ámbito, el Parlament ha aprobado un punto de una moción de Junts que reclama al Govern que exija el traspaso de competencias en inmigración y despliegue un plan para garantizar “la cohesión de los 8 millones de habitantes”, dimensionando servicios públicos a la realidad demográfica. La iniciativa ha contado con el apoyo de Junts y PSC y la abstención de Aliança Catalana. El texto defiende un modelo “exigente pero inclusivo” para evitar “discursos de fractura”, con un marco de derechos y deberes que incentive el arraigo y el respeto.
Financiación: el Parlament revalida el nuevo modelo y reforzar el ATC
Finalmente, la cámara ha vuelto a avalar el nuevo financiación pactado entre ERC y el gobierno español, que según el planteamiento debería aportar 4.700 millones más a Cataluña. También se ha aprobado instar al Gobierno a reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña, y ERC ha especificado que la Generalitat debe gestionar y recaudar el IRPF. En cambio, el Parlament ha rechazado el concierto económico fuera del marco de la LOFCA que proponía Junts.
Con estos acuerdos, el Parlament vuelve a poner presión política sobre Madrid en salarios y prestaciones, mientras intensifica el relato y las demandas para intervenir en el mercado de la vivienda y reforzar la capacidad fiscal de la Generalitat.
