El Pleno del Parlament ha aprobado este miércoles la modificación del régimen sancionador por los grafitis en los trenes y en la infraestructura ferroviaria, una reforma que endurece de manera significativa las multas por actos vandálicos en el transporte público. La nueva ley triplica los importes de las sanciones y prevé multas que pueden llegar hasta los 900.000 euros en los casos más graves.
La modificación ha salido adelante con los votos favorables de todos los grupos a excepción de los Comuns y la CUP, que han rechazado el endurecimiento de las sanciones y han advertido que el incremento de las multas no resolverá el problema de fondo.
Con el nuevo régimen, las infracciones leves podrán comportar una advertencia o una multa de hasta 18.000 euros. Las graves se sancionarán con importes de entre 18.001 y 90.000 euros, mientras que las muy graves podrán alcanzar los 900.000 euros.
Las pintadas que alteren el servicio, dentro del régimen sancionador
La ley incorpora como infracción el hecho de “destruir, deteriorar, alterar o modificar” cualquier elemento del servicio ferroviario, incluido el material rodante. También incluye específicamente la realización de pintadas en la infraestructura ferroviaria o en los trenes cuando comporten su deslucimiento y obliguen a parar total o parcialmente el servicio, alterando su funcionamiento habitual.
Según recoge el texto en la exposición de motivos, Renfe destinó 11,6 millones de euros en 2023 a la limpieza de pintadas en los trenes, una cifra que equivale a unos 32.000 euros diarios.
Reproches por la proporcionalidad de las multas
Durante el debate parlamentario, los Comuns y la CUP han cuestionado que la solución pase por aumentar las sanciones. El diputado de los Comuns Andrés Garcia Berrio ha advertido que el incremento carece de “proporcionalidad”, que ha definido como una garantía ante la arbitrariedad punitiva.
En la misma línea, el diputado de la CUP Dani Cornellà ha admitido que no se puede “negar el problema”, pero ha defendido que “reprimir” y aplicar multas más elevadas “no será efectivo”.
También desde ERC, su portavoz en el Parlament, Ester Capella, ha avisado que es “ingenuo” pensar que el endurecimiento de las sanciones resolverá por sí solo esta situación. Capella ha reclamado mirar también hacia la responsabilidad de Renfe y Adif y ha remarcado que “no todo son sanciones, también hay que prevenir”.
El PSC y Junts defienden sancionar los actos vandálicos
La diputada del PSC Ivana Martínez ha defendido la necesidad de triplicar las sanciones y ha recordado que los recursos destinados a limpiar pintadas no se han podido invertir en otros servicios públicos. Según ha dicho, es necesario “sancionar los actos vandálicos que tienen un coste”.
Desde Junts, Judith Toronjo ha afirmado que “el incivismo no puede tener cobertura” y ha defendido que proteger el transporte público también significa garantizar la convivencia y la seguridad.
El PPC, Vox y Aliança Catalana también han avalado el endurecimiento del régimen sancionador. El popular Albert Villagrasa ha alertado de la inseguridad en algunas instalaciones, mientras que la diputada de Aliança Catalana Rosa Maria Soberana ha remarcado que las pintadas en los trenes “no son arte urbano”, sino “un ataque directo contra un servicio público”.