El Govern de la Generalitat pondrá en marcha una nueva prestación económica mensual para las personas en situación de dependencia que estén a la espera de un recurso asistencial, como una plaza de residencia, un centro de día o un servicio de atención domiciliaria. La ayuda oscilará entre 100 y 200 euros, en función del grado de dependencia.
Según ha explicado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la medida forma parte del nuevo modelo de atención a la dependencia, llamado plan Cura, que busca agilizar la tramitación de las ayudas y reducir los tiempos de espera.
Las cantidades se establecerán según el grado reconocido: 100 euros para el grado I, 150 euros para el grado II y 200 euros para el grado III, el nivel más alto de dependencia. En el caso de las personas con grado III que ya se encuentran actualmente a la espera de un recurso, también recibirán esta prestación de 200 euros.
El Gobierno calcula que la medida beneficiará a unas 6.700 personas. “Quien no reciba el ‘PIA exprés’ recibirá esta prestación (mientras espere) que financiará íntegramente el Gobierno”, ha remarcado Illa durante una visita a la residencia de ancianos Gràcia, en Barcelona.
Esta nueva ayuda se enmarca en la creación del Plan Individual de Atención (PIA) ‘expreso’, que permitirá acelerar la concesión de prestaciones económicas para cuidadores familiares. Según el ejecutivo, el 81% de las nuevas solicitudes se tramitarán por esta vía, mientras que el 19% restante recibirán la prestación de espera.
El Gobierno aprobará un decreto ley este martes, aunque su aplicación requerirá todavía unas semanas o meses para ajustar los sistemas. A pesar de ello, la Generalitat prevé que las prestaciones se puedan cobrar de manera retroactiva para las solicitudes presentadas a partir de mañana.
Paralelamente, el Gobierno ha anunciado que no reclamará los pagos indebidos vinculados a la dependencia, ni por valoraciones a la baja del grado ni por defunción de los beneficiarios. Esta decisión llega después de que en 2025 se hayan emitido más de 10.000 reclamaciones de este tipo.
Solo el año pasado se registraron 10.665 reclamaciones por deudas derivadas de defunciones. “Reclamar el dinero a una persona que ha muerto parece una broma de mal gusto, pero hacía décadas que esto estaba pasando en casa nuestra. Hemos decidido ponerle fin y arreglarlo, por sentido común”, ha afirmado el presidente.
Según el Gobierno, estos pagos indebidos se producen por desajustes administrativos en la comunicación de cambios en la situación de los beneficiarios. Con la reforma anunciada, el objetivo es eliminar estas reclamaciones y adaptar el sistema para que sea “más sensible en momentos delicados para las familias”.
