La Comisión Jurídica Asesora (CJA) ha puesto cifras a una espera que se alargó demasiado: 48.000 euros de indemnización para dos familiares que pasaron ocho años y medio sin saber que el cuerpo de su pariente ya había sido identificado. El organismo considera que lo que pasó encaja en un “funcionamiento anormal del servicio público policial” y que el retraso causó un daño moral sostenido en el tiempo, marcado por la incertidumbre y los trámites judiciales que la familia tuvo que asumir.
El dictamen se enmarca en una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por los afectados. Según el documento, el Departament d’Interior y la aseguradora rechazaron hacerse cargo de la compensación alegando “falta de nexo causal entre el daño reclamado y el funcionamiento de la administración”. La CJA, sin embargo, discrepa: sitúa el núcleo del problema en la gestión de la información y en el hecho de que una identificación formal, acreditada años antes, no se trasladara a los familiares hasta mucho tiempo después.
Una desaparición, un cuerpo sin nombre y una identificación que queda en el cajón
El caso arranca en febrero de 2010, cuando la persona desaparece en la playa. La familia lo denuncia el mismo día en la comisaría de los Mossos y se abren diligencias. Pocos meses después, en mayo, aparece un cadáver sin identificar también en la playa. La Guardia Civil asume el análisis biológico y la investigación se judicializa con diligencias en un juzgado de instrucción.
El giro llega en marzo de 2014, cuando el sistema CODIS registra una coincidencia genética. La Guardia Civil contacta con el Laboratorio de Genética de los Mossos para un “intercambio de información policial” y, con los datos aportados, Criminalística identifica el cadáver y lo comunica al juzgado y a los Mossos. A pesar de este paso, la familia continúa sin recibir ninguna notificación.
Declaración de muerte y la “casualidad” que hace saltar las alarmas
Con el paso de los años, la vía judicial avanza por otra parte: el 20 de noviembre de 2020, el juzgado declara la muerte de la persona desaparecida, al haber transcurrido una década sin noticias.
No es hasta 2022 cuando el caso se destapa: una auditoría del Centro Nacional de Desaparecidos detecta desajustes entre bases de datos. Al revisar el expediente, los Mossos constatan que las muestras de ADN de los familiares ya no constaban en el sistema porque se habían borrado del CODIS en noviembre de 2016, a pesar de que la identificación se había producido en 2014. A partir de esta revisión, se recupera el caso y se verifica que el cuerpo estaba identificado.
La comunicación a los familiares, sin embargo, no llega hasta octubre de 2022. Entonces se les informa de la localización del cadáver y del nicho donde había sido enterrado.
Cronología simple de los hechos
- Febrero de 2010: La persona desaparece
- Mayo de 2010: Aparece un cadáver en la playa
- Marzo de 2014: Coincidencia genética en el sistema CODIS. Identificación del cadáver.
- Noviembre de 2016: Se borran las muestras de ADN de los familiares del CODIS
- Noviembre de 2020: La Justicia declara la muerte de la persona desaparecida porque hacía 10 años de la desaparición.
- 2022: Una auditoría destapa que las muestras de ADN se borraron de CODIS en 2016. Una revisión verifica que el cadáver ya estaba identificado.
- Octubre de 2022: Los familiares reciben la noticia sobre la identificación del cadáver y se indica que ya se había enterrado.
De la reclamación a la propuesta de indemnización
Los afectados pedían 133.500 euros. La CJA plantea rebajar la cantidad a 48.000 euros (más intereses), y subraya las “circunstancias vividas” por los familiares, que convivieron durante años con la angustia y la incertidumbre, mientras tramitaban procedimientos para aclarar la situación.
Ahora la decisión final recae en la administración: asumir o no la propuesta de indemnización de un dictamen que pone el foco en el retraso y en las consecuencias personales de una información que, según el relato del caso, llegó cuando ya hacía demasiado tiempo que existía.
