El Ministerio de Vivienda convocará este jueves una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para aprobar la distribución inicial de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, que cuenta con un presupuesto total de 7.000 millones de euros hasta el año 2030.
Fuentes oficiales del gobierno español han indicado a la ACN que la propuesta del ministerio, liderado por Isabel Rodríguez, mantendrá los criterios de reparto vigentes hasta ahora. En concreto, se calcula que Cataluña recibirá unos 120 millones de euros durante el primer ejercicio del programa.
Destino de los fondos y protección contra la especulación
Además, el plan establece que un 40% de sus recursos se deberán utilizar para aumentar la oferta de vivienda. También incorpora un mecanismo de “blindaje” para garantizar que las promociones financiadas con dinero público no acaben formando parte del mercado especulativo.
Acuerdos y consensos pendientes en la conferencia sectorial
Desde el gobierno español subrayan que “el Ministerio de Vivienda confía en un acuerdo con todas las comunidades autónomas para desplegar cuanto antes un plan esencial para resolver el principal problema de la ciudadanía”. La reunión servirá para pactar los criterios definitivos sobre cómo repartir los primeros 800 millones de euros del plan.
Isabel Rodríguez, en declaraciones a la ACN la semana pasada, expresó: “Espero que Cataluña sea una de las primeras comunidades con las que podamos firmar, porque hay una complicidad absoluta”.
Diferencias entre gobiernos autonómicos y votación clave
El ejecutivo español resalta la “complicidad” mostrada por la Generalitat, en contraste con otras comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP), como Madrid. Aun así, desde el ministerio confían en mantener el espíritu consensuado de los últimos tiempos y esperan que estas autonomías apoyen la propuesta prevista para iniciarse en julio.
Esta confianza se fundamenta en el hecho de que la mayoría de las decisiones adoptadas recientemente han sido aprobadas por unanimidad a pesar de las críticas habituales de los gobiernos populares hacia las políticas estatales en materia de vivienda.
Cada una de las comunidades autónomas tiene derecho a un voto en esta Conferencia Sectorial, mientras que el ministerio dispone solo de un voto único. Así pues, el desenlace dependerá principalmente de los territorios gobernados por el PP, que acostumbran a votar conjuntamente. El sistema actual —sin modificaciones desde 1993— considera factores como la población o el producto interior bruto (PIB) para establecer los criterios de reparto.
Líneas temporales y aplicación retroactiva
La administración central planea comenzar la ejecución del plan durante el segundo semestre del presente año y ha remarcado que algunas medidas podrían tener efectos retroactivos desde el 1 de enero pasado.
No obstante, gran parte de las políticas específicas se tendrán que negociar mediante reuniones bilaterales técnicas donde se definirá el convenio particularizado aplicable a cada autonomía.