Los migrantes y las personas que solicitan protección internacional con dificultades para conseguir el certificado de antecedentes penales del país de origen dispondrán de un plazo ampliado para completar la documentación requerida en el marco de la regularización extraordinaria. Según han explicado fuentes del gobierno español a la ACN, el plazo inicial para presentar este certificado es de un mes, según establece el texto aprobado recientemente en el Consejo de Ministros.
No obstante, si transcurrido este período no se ha podido obtener la documentación, se activará un procedimiento de apoyo diplomático coordinado por el Ministerio de Justicia. En caso de que esta gestión tampoco fructifique, los interesados contarán con una prórroga adicional de 15 días más para intentar conseguirlo por iniciativa propia. De esta manera, sumando todas las extensiones disponibles, el plazo original que finalizaba el 30 de junio se prolonga hasta mediados de octubre.
La ministra Elma Saiz ha confirmado la prórroga
Al presentar esta medida después del Consejo de Ministros, la ministra Elma Saiz ha detallado: "Como saben, estamos modificando el reglamento de la Ley de extranjería y la exigencia de ausencia de antecedentes penales siempre es un requisito en la normativa. Todo en la misma línea. De manera excepcional, en casos puntuales, cuando la situación en el país de origen sea difícil, a través del Ministerio de Justicia y la vía diplomática se puede ayudar a dar más plazo para que el interesado obtenga el certificado, que es ‘sine qua non’".
Apertura del plazo y condiciones para acceder a la autorización
De acuerdo con el decreto aprobado por el gobierno español —que no requerirá pasar por el Congreso— las solicitudes se abrirán telemáticamente este jueves 16 de abril. La atención presencial comenzará cuatro días más tarde, el 20 de abril. Esta autorización permitirá trabajar durante un año y está destinada tanto a personas en situación irregular como a los solicitantes de protección internacional presentes en España desde el 1 de enero de 2026.
El ejecutivo ha remarcado que será "requisito imprescindible carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública".