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La Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra ha informado que actualmente hay 265 personas investigadas o sometidas a seguimiento en Cataluña por riesgo de radicalización violenta de inspiración yihadista. Los datos constan en una respuesta del Govern al Parlament que ha avanzado este miércoles El Periódico.
En el mismo documento, la policía catalana ha cifrado en 30 las operaciones contra el terrorismo yihadista realizadas en Cataluña durante los últimos 5 años. La Dirección General de la Policía ha remarcado que este control tiene como objetivo “la detección precoz” y ha insistido en que el elemento relevante no es “la adscripción religiosa”, sino la adopción de planteamientos extremistas violentos.
La Comisaría General de Información (CGINF) lleva más de una década desplegando planes de prevención de los extremismos violentos con la voluntad de detectar a tiempo la radicalización, mediante protocolos que implican departamentos como Educación o Salud. La respuesta parlamentaria, firmada por la consellera de Interior, Núria Parlon, contestaba una pregunta de VOX sobre el ataque con arma blanca del pasado 2 de mayo en Esplugues de Llobregat.
204 alertas el año pasado y 206 casos en 2024
Según la información aportada al Parlament, el año pasado la CGINF identificó 204 alertas. En 2024 registró 206, de las cuales 159 correspondían a posibles procesos de radicalización violenta y 47 a casos de impacto educativo y social.
De los casos conocidos, un 62% estaban relacionados con el yihadismo, un 11% con la ultraderecha y un 6% con extremismos de otras etiologías, mientras que el 21% restante eran casos de impacto educativo y social. Del total de alertas, 13 se notificaron a la Fiscalía y derivaron en diligencias penales: 10 vinculadas al yihadismo y 3 a la ultraderecha.
Seguimiento continuado y coordinación con otros cuerpos
En la respuesta, la Dirección General de la Policía ha defendido que realiza un “monitoraje, análisis y seguimiento continuados” del fenómeno yihadista, siempre, según subraya, con “protección de los derechos y libertades de la ciudadanía, de acuerdo con el marco normativo vigente y los principios del estado de derecho”.
La policía ha añadido que la evaluación tiene en cuenta la evolución de la radicalización, “especialmente” la vinculada a “la propaganda digital”, a los “entornos virtuales de socialización” y a “las dinámicas de autorradicalización”. Finalmente, ha señalado que trabaja coordinada con otros cuerpos policiales y agencias de inteligencia para prevenirla.
