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La consulta pública relativa a la modificación de la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, d'igualdad de trato y no discriminación ha concluido con un total de 109 propuestas recibidas. Esta revisión pretende actualizar el marco legal vigente, reforzar los instrumentos que garantizan los derechos de los ciudadanos y facilitar la aplicación efectiva de las políticas públicas enfocadas a garantizar igualdad y evitar cualquier tipo de discriminación.
El proceso participativo se abrió el 1 de junio y finalizó el 31 de julio, contando con la implicación activa de colectivos diversos, entidades sociales, profesionales especializados y ciudadanía en general.
Participación ciudadana como pilar fundamental
En palabras de Eva Menor Cantador, consejera de Igualdad y Feminismo: “Elaborar las leyes con la participación de la ciudadanía es esencial para garantizar que den respuesta a las necesidades reales de la sociedad y para avanzar hacia un país más justo, inclusivo e igualitario”.
La consejera también ha destacado que “la lucha contra cualquier forma de discriminación es una responsabilidad compartida: solo desde la implicación colectiva podemos construir una democracia más fuerte y una Cataluña libre de discriminaciones.”
Evaluación previa basada en el informe Ivàlua
El análisis que ha servido como punto inicial para esta modificación normativa ha sido elaborado por el centro de estudios Ivàlua. Este informe ha examinado la aplicación práctica hasta ahora registrada por la ley, así como el grado de consecución de los objetivos planteados inicialmente.
A pesar de reconocer que se trata de una norma pionera con un marco referencial sólido, el documento señala diversas áreas susceptibles de una revisión profunda o mejora. Entre estas destaca especialmente la coordinación interadministrativa y la eficacia de los mecanismos destinados a garantizar los derechos; aspectos estos últimos que pueden haber contribuido a una menor actividad en el uso de los canales oficiales para denunciar o protegerse contra situaciones discriminatorias.
Continuidad del proceso normativo después del debate público
A partir tanto del diagnóstico aportado por Ivàlua como del conjunto de aportaciones recogidas durante este período —que suman 109—, el Departamento de Igualdad y Feminismo continuará avanzando dentro del procedimiento establecido para que esta reforma legislativa pueda materializarse pronto. El objetivo es dotar a Cataluña con herramientas renovadas que favorezcan firmemente la igualdad real en el trato entre personas.
Objetivos principales para mejorar los instrumentos legales
Los puntos clave sobre los que pivotará esta actualización son:
- Facilitar el acceso al sistema judicial: asegurar que las víctimas puedan acceder fácilmente a los procesos de denuncia, asesoramiento especializado y reparación de sus derechos; incorporando una perspectiva interseccional orientada a responder adecuadamente cuando confluyen múltiples factores discriminatorios.
- Reforzar régimen sancionador: mejorar tanto las infracciones previstas como las sanciones aplicables, así como potenciar mecanismos preventivos; incluyéndose medidas restaurativas dirigidas a garantizar una reparación integral por los perjuicios sufridos.
- Mecanismos institucionales más sólidos: ampliar capacidades operativas especialmente dentro de la Oficina de Igualdad de Trato y No-discriminación (OITND), aumentando sus funciones específicas vinculadas al control efectivo.
- Papeles activos para entidades civiles: consolidar la participación activa tanto de la sociedad civil como de entidades especializadas en diseñar políticas públicas contra cualquier forma discriminatoria.
- Datos fiables para el seguimiento: reforzar sistemas estadísticos rigurosos que permitan monitorizar continuamente las políticas implementadas relacionadas con este ámbito.
- Perspectiva transversal: impulsar que todas las políticas públicas integren consistentemente el principio de igualdad en el trato sin discriminaciones asociadas.
Estos objetivos se traducirán gradualmente en cambios concretos dentro del redactado final del proyecto legislativo a medida que evolucione todo el proceso normativo pendiente.
