Unos 19.500 ancianos que vivían en residencias han muerto por la Covid-19. Esto quiere decir que casi el 72% de las muertes registradas en España se han producido en estos lugares. Por sí mismo ya es un desastre, pero, comparado con otros países de Europa, es una catástrofe absoluta.
No hay ningún país europeo, donde la contabilidad oficial abarque un porcentaje similar. Con datos actualizados, en Alemania las muertes en residencias constituyen el 35% del total registrado en aquel país; en Francia, el 50% (esta cifra está en cuestión), y en Bélgica, el 55%. En Inglaterra y Gales, la cifra se sitúa en el 16% y en Escocia, al 46,5%. Portugal se queda en un 40% de todos los muertos.
Sólo Italia podría acercarse a España, pero sus problemas para ofrecer datos concluyentes son aún peores que aquí.
El Instituto Superior de Sanidad italiano hizo público el jueves un informe basado en estimaciones a partir de una encuesta a la cual no respondió ni la mitad de las residencias. Los resultados no son solventes.
Sin embargo, esta misma encuesta pone en evidencia cuánto de común han tenido su crisis y la española: carencia de médicos y personal, carencia de material de protección, carencia de infraestructura y dificultades para trasladar a los enfermos de las residencias a los hospitales.
La plataforma AGE, a la cual están vinculadas todas las asociaciones de personas mayores de los países comunitarios, hace semanas que claman contra la situación que se ha vivido y se vive aún en las residencias de personas mayores del continente y contra la discriminación que éstas han sufrido en determinados momentos.
Las cifras hablan por sí solas de lo que ha pasado en las residencias en España: en la Comunidad de Madrid, el 18% de los residentes ha muerto a causa de la Covid-19, según la información comunicada por el Ministerio de Asuntos Sociales. El segundo lugar de esta lista lamentable lo ocupa Cataluña, con un 9% de muertos.
Para hacerse una idea de lo que significan estas cifras: hasta ahora en España se ha reconocido oficialmente la muerte de 28.322 personas por Covid-19. Sobre el conjunto de la población esto significa un 0,05% de sus habitantes. Esta cifra queda muy lejos del 9% de los usuarios de las residencias catalanas y aún más de 18% de las residencias madrileñas. Dicho al revés: si el impacto letal de la enfermedad entre los usuarios de las residencias en el caso más extremo, el de Madrid, se aplicara al conjunto de la población española, habrían muerto ochocientas mil personas.
Esta extrapolación es exagerada, claro, porque no todos los grupos de edad han sufrido el mismo castigo. Los ciudadanos de más edad son las principales víctimas del desastre.
