El proyecto de presupuestos presentado por el gobierno liderado por Salvador Illa prevé un incremento significativo del gasto público, que se elevará en 9.100 millones de euros respecto a las cuentas aprobadas en 2023. Así lo ha confirmado la consejera de Economía, Alícia Romero, en declaraciones a la agencia ACN, donde ha resaltado la importancia de que Esquerra Republicana (ERC) actúe con "responsabilidad" para facilitar la aprobación de los nuevos presupuestos y evitar así la pérdida de "recursos, capacidad de gestión y eficacia".
Compromiso con los acuerdos y avance en la financiación
Romero ha asegurado que el gobierno socialista está cumpliendo con los pactos establecidos y ha avanzado que se continúa trabajando en el modelo de financiación autonómica así como en la constitución del Consorcio de Inversiones. La consejera también ha indicado que se están haciendo esfuerzos para abordar temas relacionados con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), destacando que estas medidas han generado "la confianza suficiente" para que ERC se sume al acuerdo presupuestario.
Además, a pesar de considerar prioritario llegar a un acuerdo con ERC, Romero no cierra la puerta a otros grupos parlamentarios interesados en sumarse al apoyo de las cuentas públicas.
Encuentro con agentes económicos: G8
Durante este martes por la mañana, la consejera se ha reunido con representantes del conocido como G8 —integrado por entidades como Pimec, Cercle d’Economia, RACC, Barcelona Global, FemCat, Col·legi d’Economistes, Cambra de Comerç y Fira de Barcelona— para exponer los avances realizados en torno al Consorci d’Inversions.
Ante estos actores económicos relevantes, Romero ha explicado que este nuevo organismo tendrá el encargo directo de gestionar los recursos provenientes del gobierno español destinados a inversiones en Cataluña. Asimismo, será responsable tanto de adjudicar las obras como del seguimiento riguroso de la ejecución de los proyectos.
La consejera subraya que el Consorcio puede convertirse en "la solución" definitiva para que las inversiones previstas se materialicen efectivamente.
En cuanto al proceso parlamentario de los presupuestos, Romero ha manifestado el interés de los agentes económicos sobre esta cuestión y ha confirmado el apoyo actual del grupo parlamentario de los Comuns. También confía en obtener pronto el respaldo de ERC después de meses intensos de negociaciones conjuntas.
Asimismo, ha recordado que el acuerdo de investidura entre socialistas y republicanos era muy amplio: "Las medidas pactadas podrían abarcar hasta diez ejercicios presupuestarios", hecho por el cual considera oportuno iniciar ya el debate sobre estas cuentas públicas. En palabras suyas: "Tiene sentido ponernos a trabajar unos presupuestos". Finalmente hizo un llamamiento explícito a ERC para que asuma una posición responsable: "Hacemos un llamamiento a la responsabilidad para poder aprobar unos presupuestos que Cataluña necesita a todas todas".
Cifras clave de los nuevos presupuestos
Según detalló Romero en conversación con ACN antes del Consejo Ejecutivo extraordinario previsto para el viernes —día en que se hará pública toda la información detallada— el proyecto contempla un crecimiento notable del volumen total destinado a gasto público.
El año anterior (2023), cuando ERC gobernaba conjuntamente con otras fuerzas políticas catalanas, se aprobaron unas cuentas valoradas en 41.025 millones de euros, incluyendo una importante partida derivada de los fondos europeos Next Generation. Durante aquel año se aplicaron suplementos crediticios adicionales cercanos a los 4.000 millones de euros, fruto de los acuerdos entre Gobierno republicano y Comuns.
Destacamos algunas asignaciones principales:
- 1.250 millones de euros destinados específicamente a políticas vinculadas a la vivienda;
- 4.400 millones, incluidos dentro del Plan Nacional para la Industria;
- 20 millones, orientados al refuerzo del servicio interurbano de autobuses;
- 180 millones, destinados a potenciar la empresa pública Energètica;
- 1,2 millones, garantizados por los centros propios integrados dentro de la formación profesional (FP);
- 7 millones más, dirigidos a los centros educativos públicos;
- 30 millones de euros de inversión educativa contra la segregación escolar.