El Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS) ha presentado este lunes un nuevo informe dedicado a la gobernanza migratoria en Cataluña que propone una ampliación de competencias y la creación de un Fondo Catalán para la Acogida y la Inclusión. Este fondo iría destinado directamente a los municipios, según criterios basados en la población extranjera y el grado de vulnerabilidad.
La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha valorado positivamente el documento porque aporta "aire fresco" al debate global sobre migraciones, destacando que pone el acento en la gestión efectiva y en los procesos de integración.
Un informe clave en el contexto actual
Bajo el título 'Repensar la gobernanza migratoria en Catalunya', este estudio es el tercero elaborado por el CETIS después de los informes publicados en septiembre sobre prestaciones económicas infantiles y en diciembre sobre sinhogarismo. La aparición de este documento coincide con el debate en torno a una posible ampliación de competencias en materia migratoria, así como con los preparativos del proceso extraordinario de regularización previsto para el 2026.
Sobre este punto, Martínez Bravo ha indicado que "el informe no entra a valorar la distribución óptima de competencias entre administraciones", pero reivindica "una mejor coordinación dentro del marco vigente". Ha recordado que las responsabilidades están compartidas entre las instituciones locales, autonómicas y estatales, subrayando que es necesario reforzar "la colaboración tanto con el Gobierno español como con los ayuntamientos".
La Agencia de Migraciones como pieza fundamental
El estudio detecta que a pesar de los avances hacia un modelo propio de integración catalana, persisten limitaciones estructurales relevantes. Entre estas destaca:
- La fragmentación institucional
- La falta de recursos estables
- Una coordinación insuficiente con el Estado
- Las desigualdades territoriales en el acceso a los servicios
Para hacer frente a estas dificultades se propone desplegar plenamente la Agència de Migracions de Catalunya, dotándola de los recursos necesarios, especialización técnica y capacidad para coordinarse eficazmente con departamentos autonómicos, estatales y municipales. La consejera Martínez Bravo ha calificado esta propuesta como un "paso obvio" si se producen avances en materia competencial.
Pacto social inclusivo y educación sobre migraciones
El informe insiste también en construir un relato público inclusivo que contrarreste los discursos de odio fomentando una mirada positiva hacia la diversidad cultural. En este sentido recomienda impulsar un Pacto para la Convivencia Democrática y el Bienestar Social, tomando como referencia el Pacto Nacional para la Inmigración de 2008, así como iniciativas europeas similares.
Además, defiende incorporar tanto la diversidad cultural como la historia migratoria dentro de los currículos escolares. Sobre esta medida educativa, Martínez Bravo ha manifestado: "Es una propuesta interesante; hablaré con la consejera de Educación, Esther Niubó, porque hay que hacer pedagogía sobre el fenómeno migratorio y estudiar si puede tener cabida formal dentro de los estudios".
Más acciones comunitarias y apoyo lingüístico
El estudio apuesta también por consolidar proyectos comunitarios orientados a reducir tanto la segregación residencial como escolar. Se propone garantizar el acceso a los cursos de catalán así como itinerarios personalizados de acogida dirigidos especialmente a los jóvenes migrantes sin referentes familiares. También se promueven programas enfocados en convivencia comunitaria, mediación ciudadana con perspectiva interseccional, así como garantizar igualdad efectiva en acceso a vivienda y servicios sociales.
Financiación estable: clave para garantizar sostenibilidad
Dentro de los ejes principales destaca también la financiación estable. El CETIS reclama dejar atrás subvenciones puntuales apostando por un sistema estructural sólido que incluya expresamente un Fondo Catalán para la Acogida e Inclusión. Este contaría con cofinanciación europea y estatal destinando recursos directos a los municipios según parámetros demográficos relacionados con poblaciones extranjeras vulnerables.
Mònica Martínez Bravo ha afirmado que es natural destinar más recursos hacia una gestión adecuada de los flujos migratorios recordando que los acuerdos presupuestarios ya prevén aportaciones adicionales: "Tenemos una profunda vocación municipalista", ha asegurado añadiendo que se estudiará esta propuesta dentro del marco de los nuevos presupuestos.
Nuevas formas de cooperar entre administraciones locales y Generalitat
El informe sugiere revisar el Contrato Programa existente —instrumento clave entre Drets Socials, y entes locales— para que incluya explícitamente políticas relacionadas con gestión migratoria y establezca cooperativas permanentes también con entidades sociales.
En esta línea, Martínez Bravo expone que se está trabajando en un nuevo convenio específico destinado a la financiación adecuada de los servicios sociales municipales. Además, advierte: "El Govern estará muy vigilante por el cumplimiento legal garantizando reconocimiento pleno de los derechos humanos, poniendo pie en pared ante cualquier intento discriminatorio o criminalizador contra personas migrantes".
Sistema de acogida adaptado y diálogo territorial permanente
El estudio alerta respecto a la necesidad urgente reformar el sistema actual dedicado a personas protegidas internacionalmente. Además, plantea establecer canales estables de diálogo con el Estado centrados en desarrollar modelos equitativos donde comunidades autónomas o municipios tengan un reconocido papel activo. Por ello propone crear una Mesa Local permanente destinada a articular necesidades territoriales visibilizando buenas prácticas existentes.
Migrantes al mercado laboral: oportunidades contra precariedad
Por otro lado se insiste en que el trabajo constituye un factor central tanto integrador como generador de desigualdad o precariedad. Por ello se recomiendan programas orientados al reconocimiento oficial de estudios/competencias evitando subempleo, para reforzar itinerarios ocupacionales y colaborar activamente con colegios profesionales o centros formativos facilitando la inserción laboral de personas migrantes tituladas reconocidas.
Datos fiables para diseñar políticas efectivas
Finalmente los autores apuntan que es necesario desplegar sistemas integrales recogida datos desagregados actualizados accesibles para diseñar políticas ajustadas y priorizar intervenciones valorando su impacto. Asimismo reclaman interoperabilidad entre administraciones, universidades, centros de investigación y entidades sociales.
