El Gobierno de Cataluña ha decidido afrontar uno de los grandes cuellos de botella del sistema social: el acceso a la dependencia. Lo hará con el nuevo plan Cura, una reforma ambiciosa que busca reducir drásticamente los plazos de espera, que actualmente se alargan hasta los 397 días, para situarlos en solo 60 días.
La iniciativa, que se aprobará próximamente vía decreto ley, llega en un momento de máxima presión, con 128.000 personas atrapadas en alguna fase del proceso y un sistema que, según el propio Gobierno, necesita una transformación profunda.
Menos trámites y un sistema más ágil
El cambio más relevante del plan es la simplificación del procedimiento. Hasta ahora, el proceso de dependencia implicaba varios pasos y visitas; con el nuevo modelo, la valoración del grado de dependencia y el Plan Individual de Atención (PIA) se resolverán en un único acto.
Esta simplificación quiere eliminar duplicidades, reducir la burocracia y acelerar las resoluciones, en un sistema que arrastraba retrasos estructurales y una tecnología obsoleta.
El presidente Salvador Illa ha calificado el plan como un “cambio de modelo” que simplificará, digitalizará y, en algunos casos, eliminará trámites innecesarios.
El CAP, clave en el nuevo modelo
Otra de las grandes novedades es que el proceso podrá comenzar directamente en el centro de atención primaria. Esto permitirá que profesionales sanitarios y sociales trabajen conjuntamente desde el primer momento, ofreciendo una atención más cercana y coordinada.
Este cambio implica pasar de un sistema centralizado a una red mucho más extensa, con cientos de equipos de atención primaria y servicios sociales implicados.
El objetivo es que el ciudadano perciba el proceso como un único circuito de atención, sin saltos ni duplicaciones.
Una prueba piloto que demuestra que es posible
El modelo no parte de cero. Ya se ha testado en Vic, donde una experiencia piloto ha conseguido reducir el tiempo de espera hasta los 60 días, mejorando también la experiencia de los usuarios.
Este precedente es el que da confianza al Gobierno para escalar el sistema a todo el territorio.
Priorizar los casos más urgentes
El plan también introduce una mejor detección de situaciones críticas. Las personas con grado III de dependencia, así como casos complejos de salud mental o niños, tendrán circuitos específicos más rápidos.
Además, mientras esperan una plaza en un centro, podrán recibir una prestación económica mínima, evitando situaciones de desprotección.
Ayudas más rápidas y un PIA exprés
Una de las novedades destacadas es el PIA exprés, especialmente para aquellos que opten por un cuidador familiar. En estos casos, la resolución podrá llegar casi de manera inmediata.
Una vez aprobada la prestación, el cobro se activará en un plazo aproximado de 15 días, muy lejos de los retrasos actuales.
Un sistema desbordado por el aumento de demandas
La reforma responde a una realidad clara: la demanda de dependencia se ha disparado. En 2025 se registraron 158.000 solicitudes, el doble que hace una década, y el sistema ha tenido que absorber miles de casos adicionales en poco tiempo.
Actualmente, el sistema gestiona cientos de miles de expedientes y prestaciones, una carga que ha evidenciado sus limitaciones.
Más recursos y tecnología para hacer viable el cambio
Para sostener esta transformación, el Gobierno reforzará el sistema con nuevos recursos humanos y tecnológicos. Se prevé la incorporación de profesionales, una inversión adicional y la implantación de una nueva herramienta digital con inteligencia artificial para mejorar la gestión.
El objetivo es garantizar un sistema más eficiente y capaz de responder a la demanda creciente.
Despliegue progresivo hasta 2027
El nuevo modelo se implantará de manera gradual. Primero se aplicará a una parte del territorio y, posteriormente, se extenderá a toda Cataluña antes de finales del 2027.
Este despliegue progresivo permitirá ajustar el sistema y asegurar su funcionamiento antes de generalizarlo.
