El Gobierno retoma esta semana su actividad después del parón de agosto y lo hará por partida doble. El martes celebrará la reunión del Consejo Ejecutivo habitual en el Palau de la Generalitat. Además, Illa ha convocado a los miembros de su gobierno el viernes y el sábado a un encuentro en las Terres de l'Ebre para preparar el nuevo curso político. Será cerca del Parque Natural de Els Ports, donde este julio un incendio ha quemado más de 3.000 hectáreas y murió un bombero. Uno de los principales temas que el ejecutivo debe afrontar son los presupuestos de la Generalitat para 2026, después de dos años sin nuevas cuentas. Otros retos para los próximos meses son la financiación singular, la vivienda, el traspaso de Rodalies y los incendios.
Es el tercer encuentro fuera de Barcelona que el gobierno de Illa ha celebrado desde que se constituyó hace poco más de un año. El primero fue en el monasterio de Poblet, a finales de agosto del año pasado. Y el más reciente en el santuario de la Vall de Núria, a principios de abril.
La principal asignatura pendiente que el Gobierno arrastra desde el curso pasado son los presupuestos de la Generalitat. ERC no quiso ni entrar a negociar los de 2025 y en los últimos meses el Gobierno ha acordado con los republicanos y Comunes varios suplementos de crédito para poder incorporar 4.000 millones a las cuentas prorrogadas. Habrá que ver si para este curso político es posible una negociación con los socios de investidura para unos nuevos presupuestos.
ERC ya ha avisado de que no se sentará a la mesa de negociación para las cuentas de la Generalitat hasta que haya concreciones significativas en la financiación singular. En la Comisión Bilateral del 14 de julio, Gobierno y Estado certificaron un acuerdo sobre la financiación singular sin concreciones ni calendario para la gestión de los impuestos por parte de la Generalitat. Unos días más tarde, el presidente Illa aseguró que en 2028 se podrá realizar la gestión completa del IRPF a través de la Agencia Tributaria Catalana (ATC). Y precisamente, este martes, en la primera reunión del Consejo Ejecutivo después de las vacaciones de verano, el Gobierno aprobará un decreto para adaptar la ATC a los nuevos requerimientos para el despliegue de la hacienda catalana.
Aún no se ha entrado a negociar sobre las grandes cifras de la financiación singular. Es decir, por un lado, el importe que la Generalitat debería pagar al Estado por los servicios prestados y, por otro lado, la aportación de Cataluña a la solidaridad con el resto de comunidades autónomas. El Gobierno dice que está a la espera de que el Estado diga cuántos recursos pondrá de más en el nuevo sistema de financiación y en septiembre está previsto que se haga público el informe de los expertos que debe definir cómo se calcula la solidaridad.
En cuanto a la ampliación del aeropuerto de El Prat, se mantiene el desacuerdo entre el Gobierno y los socios de investidura. El 10 de junio, el presidente de la Generalitat hizo pública su propuesta para alargar la tercera pista 500 metros reduciendo en 87 metros la afectación de la Ricarda. A cambio, Illa establece, como medida compensatoria, renaturalizar más de 270 hectáreas, 10 veces más que la superficie afectada medioambientalmente por la ampliación de la pista. Una propuesta que no cuenta con el apoyo ni de ERC ni de los Comunes. También queda pendiente acordar la gobernanza del aeropuerto de El Prat, ya que el acuerdo de investidura entre PSC y ERC establece que el Gobierno sea un "actor determinante en la toma de decisiones estratégicas" de El Prat.
Con relación al traspaso de Rodalies, el Consejo de Ministros dio luz verde, el pasado 29 de julio, a la creación de la nueva empresa mixta de Rodalies que sustituirá a Renfe. Debería empezar a funcionar a partir de enero de 2026, por lo tanto, en los próximos meses se deberán ir dando pasos en este sentido.
La vivienda y los planes para hacer frente a los incendios serán otras cuestiones presentes en la agenda del Gobierno. El presidente Illa ha prometido construir 50.000 pisos nuevos de vivienda protegida hasta 2030 con un coste estimado de 4.400 millones de euros para los cuatro años de legislatura. En cuanto a la prevención forestal de los incendios, el ejecutivo también tiene previsto abordar esta cuestión después de los fuegos de este verano que han afectado a Cataluña y varios puntos del estado español.
