La controversia generada a raíz del intento de desahucio en el bloque Sant Agustí, situado en el barrio de Gràcia de Barcelona, y los posibles incumplimientos por parte del fondo que posee el edificio han llevado al Govern a enviar un mensaje claro y firme. El ejecutivo ha manifestado su voluntad de aplicar estrictamente la legislación vigente, realizar inspecciones exhaustivas e imponer sanciones proporcionadas a los propietarios que lleven a cabo prácticas irregulares.
Gobierno alerta con medidas estrictas para garantizar el cumplimiento normativo
En este marco, la consejera de Territorio y Vivienda y portavoz del Gobierno, Silvia Paneque, ha advertido: "perseguirá a quien no cumpla el marco normativo". Además, ha anunciado que "en los próximos días" se hará pública la sanción impuesta al fondo responsable del bloque Sant Agustí.
Asimismo, Paneque ha subrayado con contundencia: "Hay un marco normativo que haremos cumplir, en este caso y en todos los casos que se detecte que se incumple la ley. Tenemos los inspectores para hacerlo". Este posicionamiento deja clara la intención del Govern de evitar cualquier intento de eludir los topes actuales establecidos.
Sanciones específicas por el caso del bloque San Agustín
En cuanto concretamente a los titulares de los pisos del bloque afectado, todavía no se ha detallado el importe exacto de la multa, pero sí que se ha confirmado que esta será comunicada próximamente. La consejera ha explicado que las inspecciones ya habían detectado una infracción concreta: "como mínimo había una práctica no permitida porque el alquiler por habitaciones superaba el tope del precio del piso entero, en uno de los pisos".
Además, Paneque ha indicado: "La sanción mínima es de 90.000 euros por vivienda y se tiene que ver con la proporcionalidad de la infracción cuál es la cantidad final", dejando entrever una posible multa elevada según el alcance de las irregularidades encontradas.
El objetivo: uso residencial garantizado en todos los pisos construidos
El ejecutivo insiste en el hecho de que quiere asegurarse de que "todos los pisos construidos tengan un uso residencial" y reafirma su compromiso con este objetivo mediante controles rigurosos.