El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que el gobierno español activará la Abogacía del Estado para reclamar judicialmente los cerca de 30.000 documentos que la Fundación Francisco Franco conserva en sus archivos. Según ha explicado en TVE, el Ministerio ya dispone de un informe exhaustivo que inventaría todo el fondo y concluye que se trata de documentación pública, porque afecta a actividades ejercidas por Franco como jefe de Estado. “Pertenece a la administración, a los españoles y a los investigadores”, ha remarcado Urtasun, que defiende el acceso a estos materiales para profundizar en la memoria histórica y la represión franquista.
Cultura estudia también solicitar medidas cautelares al juzgado que instruye el proceso de extinción de la Fundación. “La Fundación tiene hasta el lunes para presentar alegaciones y es prácticamente seguro que pediremos”, ha avanzado el ministro, que quiere garantizar el traslado inmediato y seguro del fondo documental.
El archivo incluye 27.620 documentos digitalizados o catalogados, con materiales que abarcan desde los años treinta hasta los setenta y 2.000 sin datar. Entre ellos, hay correspondencia oficial, informes sobre relaciones internacionales, visitas de Estado como las de Eisenhower (1959) o Eva Perón (1947), comunicaciones con la Santa Sede, documentos de la administración colonial o material generado por instituciones públicas y privadas durante el régimen.
El informe concluye que estos documentos proceden del despacho y de la actividad institucional de Franco, y que, según la Ley del Patrimonio Histórico, deben quedar integrados en el Patrimonio Documental del Estado. Cultura ya ha trasladado toda la documentación técnica a la Abogacía, en un proceso similar al del Pazo de Meirás, donde los tribunales acabaron reconociendo la propiedad pública de cientos de bienes y documentos vinculados al dictador.