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El Observatori DESCA y la plataforma Docents080 proponen que las escuelas y los institutos elaboren informes de vulnerabilidad dirigidos a los juzgados para contribuir a frenar desahucios que afectan a niños y adolescentes. El objetivo es hacer llegar a los órganos judiciales el impacto que la pérdida de la vivienda tiene sobre el derecho a la educación y el bienestar del alumnado.
Este informe es uno de los cinco documentos que las dos organizaciones ponen a disposición de los centros educativos para que puedan acompañar a alumnos que afrontan un desahucio o que, tras perder su casa, viven en pensiones, albergues u otros alojamientos precarios.
Lucía Delgado, miembro de ambas organizaciones, defiende que los centros “pueden actuar y, sobre todo, exigir responsabilidades” a la administración ante estas situaciones.
ACREDITAR EL VÍNCULO CON LA ESCUELA
Otra de las herramientas propuestas es un informe de arraigo que “defina la vinculación del niño” con su colegio. Con este documento, las entidades quieren poner en valor la escuela como espacio de referencia y los vínculos que el alumnado ha construido en ella.
La iniciativa reclama una respuesta coordinada entre los centros educativos, el Departamento de Educación, los servicios sociales, el Síndic de Greuges y los juzgados. Las organizaciones remarcan que las escuelas no pueden afrontar solas la emergencia habitacional y que su implicación no sustituye las responsabilidades de las administraciones.
LAS CONSECUENCIAS TAMBIÉN LLEGAN AL AULA
La propuesta da continuidad al trabajo de las dos entidades, que en marzo presentaron una guía de actuación para detectar y acompañar situaciones de inseguridad residencial desde los centros educativos.
Según esta guía, la inestabilidad de la vivienda puede manifestarse en dificultades de aprendizaje, absentismo, cambios de conducta y malestar emocional. También puede favorecer la desvinculación del centro, hecho que compromete la continuidad educativa.
Por ello, el documento plantea que la escuela actúe como un espacio de protección, detecte las necesidades del alumnado y trabaje conjuntamente con los servicios sociales, sanitarios y las entidades del territorio. La finalidad es que la pérdida del hogar no arrastre también la pérdida del entorno educativo y comunitario de los niños y adolescentes.
