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Carles Puigdemont queda más cerca de que el Tribunal Supremo pueda aplicarle la amnistía y dejar sin efecto la orden nacional de detención que aún pesa sobre él. El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este martes la ponencia del magistrado José María Macías, que defendía mantener el criterio del Supremo y excluir de la amnistía la malversación vinculada al procés. El pronunciamiento formal analizado por el pleno corresponde al recurso de Jordi Turull, pero la doctrina que fije el tribunal está llamada a determinar también la situación judicial de Puigdemont.
La mayoría del Constitucional no ha avalado el texto inicial de Macías y el magistrado tendrá que presentar una nueva ponencia adaptada a los criterios expresados por el pleno. La cuestión volverá a la mesa en la sesión prevista para el 6 de octubre, cuando también se abordará el recurso de la exconsejera Dolors Bassa.
La decisión sobre Turull puede desbloquear Puigdemont
Aunque el primer recurso examinado es el de Jordi Turull, la trascendencia del caso va mucho más allá del exconsejero. Fuentes jurídicas señalan que el magistrado del Supremo Pablo Llarena no tiene previsto esperar a que el Constitucional resuelva individualmente el recurso de Puigdemont, sino aplicarle la doctrina que fije en la primera sentencia sobre la malversación.
Esto afectaría también a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, procesados en la misma causa. Si el criterio definitivo del Constitucional establece que la malversación de Turull queda amparada por la ley de amnistía, Llarena podría trasladar esta interpretación a los dirigentes que continúan procesados en rebeldía.
En el caso de Puigdemont, una eventual aplicación de la amnistía comportaría revisar su situación procesal y podría dejar sin efecto la orden nacional de detención que impide que vuelva a España sin riesgo de ser arrestado. La decisión definitiva, sin embargo, aún depende de la sentencia que dicte el Constitucional y de su posterior aplicación por el Supremo.
El Supremo mantiene por ahora la orden de detención
Llarena volvió a rechazar el 15 de septiembre la petición de Puigdemont y Comín de que se les aplicara la amnistía por malversación, a pesar de la sentencia previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley. Por lo tanto, las órdenes de detención continúan vigentes mientras no haya un nuevo pronunciamiento judicial que modifique esta situación.
El principal argumento que mantiene el Supremo es que los responsables del proceso habrían obtenido un beneficio personal de carácter patrimonial porque utilizaron recursos públicos para impulsar el 1-O y, según la interpretación de la Sala de lo Penal, esto les evitó tener que asumir personalmente aquellos gastos.
Precisamente este es el criterio que asumía la ponencia de Macías rechazada este martes por la mayoría del Constitucional.
El 6 de octubre, fecha clave para el retorno
El próximo pleno del 6 de octubre será, por tanto, determinante para empezar a aclarar el escenario judicial de Puigdemont. El TC tendrá que volver a estudiar el recurso de Turull con una ponencia reformulada y también analizará el caso de Dolors Bassa, que tiene como ponente al presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido.
La doctrina que salga de ahí también tendrá consecuencias sobre otros dirigentes independentistas afectados por condenas o procesamientos por malversación, entre ellos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín y Lluís Puig.
En el caso de Puigdemont, sin embargo, el efecto es especialmente inmediato porque continúa fuera de España y con una orden de detención nacional en vigor. El paso dado este martes por el Constitucional no supone todavía que esté amnistiado, pero sitúa la decisión que puede desbloquear su retorno en el próximo pleno del tribunal.
