La proposición de ley orgánica de delegación de competencias en inmigración a la Generalitat pactada entre Junts y PSOE se somete este martes al pleno del Congreso sin perspectivas de prosperar. Podemos, imprescindible en la ecuación, ya ha avanzado que votará en contra, igual que PP y Vox. Por ahora, el ‘no’ ya suma 175 votos de los 350 del Congreso. Si cae, el gobierno español está dispuesto a volver a presentar el proyecto, y promete que impulsará vía reglamento todos los aspectos de la delegación que no tengan rango de ley.
La toma en consideración de la delegación de competencias en inmigración llega al pleno del Congreso seis meses después de que PSOE y Junts presentaran conjuntamente el texto en el registro. Es el primer punto del orden del día del pleno que comienza este martes a las 15 h, pero no se votará hasta la noche, al final de la sesión.
Se trata de uno de los compromisos del PSOE con Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Igual que en el caso de la oficialidad del catalán en Europa o la aplicación de la amnistía al expresidente Carles Puigdemont, los socialistas han topado con reticencias externas que, de momento, le han impedido hacer efectivo el acuerdo.
La propuesta registrada en marzo por el PSOE y Junts plantea, entre otros, delegar en Cataluña la ejecución de la normativa estatal en materia de iniciación, instrucción y resolución de autorizaciones de residencia de larga duración de las personas extranjeras o delegar la función de fijar la previsión anual de plazas que se ofrecerán a los proyectos de contratación en origen.
Además del PSOE y Junts, ERC y Sumar votarán a favor. El texto, sin embargo, no dispone de suficientes apoyos. Según afirmó el lunes el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, el voto de su partido a la propuesta del PSOE y Junts para delegar en la Generalitat las competencias de migración será un "no rotundo".
"Hablamos de una ley que en su preámbulo dice barbaridades racistas como que la inmigración es un problema y un peligro", aseguró apuntando que no han propuesto ningún cambio a la proposición por considerarla llena de "racismo institucional". Preguntado por si cree que Carles Puigdemont es un político "racista", Fernández afirmó que Junts tiene hoy postulados "abiertamente racistas y xenófobos".
Junts, por el contrario, acusa a Podemos “de anticatalanismo” por oponerse a la delegación de unas competencias que ahora ejerce el Estado español. “Si algo demuestra el debate sobre este traspaso es que la catalanofobia es un hecho transversal”, afirmó el secretario general de Junts, Jordi Turull, durante el Consejo Nacional del partido que se celebró en Figueres.
Y el PSOE, por su parte, sostiene que “seguirá trabajando” para hacer posible los compromisos. La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, aseguró que su partido “cumple los acuerdos”, pero no es responsable de lo que “voten otros partidos”, en referencia a Podemos.
El ejecutivo español también asegura que "ha hecho los deberes" en esta materia. Junts y PSOE firman conjuntamente la iniciativa, y los socialistas y Sumar votarán a favor. “Nosotros hemos cumplido y podemos responder por nuestro socio, Sumar”, apuntaban la semana pasada fuentes de la parte socialista del ejecutivo, “pero no podemos responder por Podemos”.
A pesar de la reunión de la semana pasada entre Junts y el PSOE en el extranjero, el ‘no’ del Congreso a la iniciativa puede afectar negativamente a la estabilidad parlamentaria del ejecutivo. El debate tiene lugar dos días después de que una encuesta publicada por 'La Vanguardia' situara a Alianza Catalana a sólo dos escaños de Junts en caso de elecciones en Cataluña.
En las dos últimas semanas Junts ha provocado la caída de dos proyectos estrella de la vicepresidenta segunda del gobierno español y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Primero, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Después la oficina anticorrupción.
El PSOE, sin embargo, relativiza el impacto. “Cada semana es el fin del mundo y se acaba la legislatura”, ironizó Mínguez desde Ferraz, pero “ya llevamos siete años de gobierno de Sánchez, hemos aprobado 43 leyes y hay gobierno, diálogo, política y avances”. Por lo tanto, según Mínguez, es necesario “tiempo y margen” para conseguir que se cumplan las promesas, y su formación “trabaja” y trabajará para poder sacar adelante los acuerdos y también los presupuestos generales del Estado.