El gobierno español ha declarado 211 zonas afectadas por emergencias de protección civil, de las cuales 54 se encuentran en Cataluña. Así lo ha anunciado este martes el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, que ha explicado que la mayoría de los episodios incluidos corresponden a incendios forestales registrados entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026.
La declaración permite activar un sistema de ayudas para los territorios afectados, que se podrá ampliar en función del alcance de los daños. “Ya se han quemado más de 170.000 hectáreas y todavía queda la mitad del verano”, ha advertido Sánchez.
En Cataluña, el ejecutivo español ha incluido diversos episodios vinculados a incendios, lluvias y ventoleras. Entre los casos destacados se encuentran el incendio forestal de Òrrius, en el Maresme, del mes de mayo; los fuegos de Talavera, en la Segarra; Forallac, en el Baix Empordà; Sant Quirze Safaja, en el Moianès; Tàrrega, en el Urgell; Tiana, en el Maresme, y la Bisbal de l’Empordà, en el Baix Empordà.
Incendios, lluvias y la borrasca Marta
El gobierno español también ha incorporado a la declaración los episodios de lluvia registrados durante la primavera y el verano, y los fuertes vientos que afectaron Cataluña el 9 de febrero con motivo de la borrasca Marta.
Este episodio de viento comportó la activación del plan especial de emergencias por riesgo de viento y, según el ejecutivo, no había quedado incluido en los acuerdos anteriores de zonas afectadas aprobados el 10 de febrero y el 7 de abril.
La declaración también incluye los últimos incendios de la Comunidad de Madrid y de las provincias de Ávila y Toledo, que motivaron la declaración de emergencia de interés nacional, y también otros episodios graves registrados en diferentes puntos del Estado.
Ayudas para personas, empresas y ayuntamientos
El acuerdo aprobado por el gobierno español activa ayudas que los damnificados pueden solicitar desde el momento en que se produjo la emergencia. Las subvenciones están destinadas a paliar daños personales o materiales en viviendas, como también gastos asumidos por corporaciones locales, establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
También se prevén ayudas para personas físicas o jurídicas que hayan aportado medios personales o materiales para responder a las consecuencias de la emergencia.
Además, la declaración de zona afectada abre la puerta a que otros ministerios puedan activar medidas propias, como beneficios fiscales, ayudas laborales y de Seguridad Social o apoyo específico a las corporaciones locales.
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