Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional han desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas presuntamente al tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual en varios puntos de Cataluña. La operación ha permitido detener a 23 personas, liberar a seis mujeres y clausurar judicialmente cinco pisos que funcionaban como casas de prostitución.
Según la investigación, las víctimas eran captadas en sus países de origen, principalmente en Sudamérica, mediante falsas ofertas de trabajo. Una vez llegaban al Estado, las obligaban a prostituirse, les imponían deudas elevadas y las mantenían bajo un fuerte control para dificultar que pudieran salir de la red.
Once pisos prostíbulo repartidos por Cataluña
La operación policial se llevó a cabo el pasado 17 de junio con una quincena de entradas y registros en diferentes municipios. Once de los inmuebles investigados funcionaban como casas de prostitución, mientras que el resto eran domicilios vinculados al entramado criminal.
Los pisos estaban repartidos por municipios como Manresa, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Begur, Palamós, Pals, Dosrius, Granollers, Sitges, Castelldefels, Sabadell, Terrassa y Vic.
Durante los registros, los agentes intervinieron más de 200.000 euros en efectivo, documentación de interés para la causa, sustancias estupefacientes y tres vehículos de alta gama.
Dos organizaciones que colaboraban
La investigación apunta a la existencia de dos estructuras criminales diferenciadas pero coordinadas. Por un lado, una organización de nacionalidad brasileña, y por otro, un clan familiar de nacionalidad española con ramificaciones en varios municipios catalanes.
Según los investigadores, ambas redes colaboraban en la captación de mujeres, la gestión de los pisos y la movilidad de las víctimas entre diferentes municipios. Esta rotación permitía renovar la oferta sexual anunciada en internet y mantener activos los prostíbulos.
Una de las principales investigadas es una mujer de 55 años, considerada la líder de la rama catalana de la organización. Según ha podido saber ElCaso.cat, ya había sido detenida en el año 2023 por hechos relacionados con la explotación sexual.
Falsas ofertas de trabajo y deudas imposibles
Las víctimas eran engañadas con promesas laborales en sus países de origen. Una vez llegaban, la red les imponía una deuda que no habían aceptado y que las obligaba a continuar prostituyéndose para poder pagarla.
Algunas de las mujeres liberadas han relatado que vivían en los mismos pisos donde eran explotadas, en condiciones muy precarias y bajo un régimen de control constante. Según la investigación, solo podían salir una o dos horas al día si habían trabajado y facturado.
La trama disponía de una estructura jerarquizada, con personas encargadas de la captación, la vigilancia, la gestión económica, los anuncios sexuales y el movimiento de las mujeres entre diferentes pisos.
Pisos a pleno rendimiento y tarifas “low cost”
Los investigadores comprobaron que algunos pisos funcionaban a pleno rendimiento. En una de las vigilancias, los agentes detectaron más de cien hombres entrando y saliendo de uno de los inmuebles.
El jefe de la investigación de los Mossos, el subinspector Moreno, ha detallado que la organización ofrecía servicios sexuales a precios muy bajos para generar más demanda. Según explicó, se llegaban a ofrecer tarifas de 20 euros por 10 minutos, un sistema que favorecía una alta rotación de clientes.
Este modelo permitía a la organización incrementar los beneficios sin que las mujeres tuvieran margen para negociar las condiciones. Los porcentajes que se quedaban los responsables de la red eran muy elevados.
La investigación comenzó en Sabadell
El caso se inició a finales de octubre de 2025, después de que profesionales sanitarios de un centro hospitalario de Sabadell detectaran indicios compatibles con una posible situación de tráfico de seres humanos en una mujer joven.
La información llegó al Grupo de Atención a la Víctima de los Mossos, que hizo una primera valoración y trasladó el caso a los analistas de la División de Investigación Criminal. A partir de aquel primer indicio, se creó un equipo conjunto entre los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional, que también tenía abierta una investigación relacionada.
Durante meses, los agentes recogieron declaraciones de víctimas, hicieron vigilancias y videovigilancias, analizaron teléfonos, vehículos, contratos de alquiler, suministros, anuncios sexuales y movimientos económicos, incluidas remesas de dinero al extranjero y posibles indicios de blanqueo de capitales.
Ocho personas enviadas a prisión
El dispositivo policial acabó con 23 detenidos, quince mujeres y ocho hombres. Una de las detenciones se hizo en Jaén y dos más en Madrid. Además, los agentes identificaron 53 mujeres que en aquel momento ejercían la prostitución en los inmuebles investigados.
Después de pasar a disposición judicial, ocho de los principales investigados —cinco mujeres y tres hombres— ingresaron en prisión. Entre ellos hay miembros de las dos organizaciones y personas encargadas de captar a las víctimas en los países de origen.
El juez también ordenó el precinto de cinco pisos prostíbulo para evitar que la organización pudiera mantener la actividad.
La causa ha sido tutelada por el juzgado de violencia de género de Manresa, que asume por primera vez una investigación de este tipo a raíz de un cambio reciente de competencias.
