La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación sobre posibles irregularidades en la gestión de ayudas y alojamientos para jóvenes extutelados vinculados a la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, la DGAIA.
El caso parte de una denuncia presentada por un alertador protegido por la Oficina Antifraude de Cataluña contra la Fundació Resilis, en Girona. A raíz de esta denuncia, Antifraude abrió dos expedientes diferentes: uno sobre el control de las prestaciones económicas y otro sobre la posible existencia de plazas de alojamiento cobradas, pero no ocupadas.
En marzo pasado, la Fiscalía pidió la colaboración de la Oficina Antifraude, que ya estaba analizando estos hechos. Ahora, Anticorrupción deberá valorar si lo que se ha detectado son irregularidades administrativas o si puede haber indicios de delito.
Ayudas a jóvenes que ya no estarían en Cataluña
El primer expediente se centraba en el control de las ayudas económicas concedidas a jóvenes extutelados. Según las sospechas iniciales, algunas prestaciones se habrían podido mantener incluso en casos de personas que ya no vivían en Cataluña.
Antifraude ya ha cerrado esta parte de la investigación sin detectar indicios de delito o fraude, pero ha remitido la documentación a la Fiscalía. Aun así, el organismo sí que apunta que habría que comprobar posibles deficiencias en el cumplimiento de los contratos entre la DGAIA y las entidades colaboradoras, y también en el seguimiento y la supervisión por parte de la administración.
Uno de los casos que hizo estallar la denuncia hacía referencia a un joven que habría continuado recibiendo prestaciones económicas y de vivienda a pesar de que hacía meses que vivía y trabajaba en Valencia. Según la denuncia, desde la fundación encargada de gestionar las ayudas incluso se le habría cambiado de piso con el argumento de que buscaba trabajo, cuando ya trabajaba fuera de Cataluña.
Bajo sospecha posibles plazas “fantasma”
El segundo expediente continúa en fase de análisis por parte de Antifraude. En este caso, se investiga si algunas entidades habrían cobrado de la Generalitat por plazas de alojamiento destinadas a jóvenes extutelados que, en realidad, no estaban ocupadas.
Esta línea de investigación surgió después de que tres trabajadoras denunciaran que una entidad habría cobrado como si determinados pisos estuvieran llenos, a pesar de tener plazas vacías.
Antifraude todavía no ha entregado conclusiones a la Fiscalía sobre esta parte del caso porque está revisando una gran cantidad de documentación.
Pagos indebidos y una querella archivada
El caso llega después de que la Sindicatura de Cuentas concluyera, en junio del año pasado, que el Departamento de Derechos Sociales había pagado 167,56 millones de euros indebidamente en prestaciones económicas entre 2016 y 2024. De esta cantidad, 4,7 millones estaban relacionados con pagos indebidos a jóvenes extutelados.
Paralelamente, un juzgado de Barcelona archivó el pasado abril una querella del colectivo jurídico Acció Cassandra contra diversos exconsejeros y altos cargos de la Generalitat por presunta malversación en la DGAIA. La entidad anunció que recurriría contra la decisión.
La querella se dirigía contra los exconsejeros del área social Dolors Bassa, Chakir El Homrani, Violant Cervera y Carles Campuzano, y contra el exsecretario Josep Ginesta y tres exdirectores de la DGAIA, entre otros cargos.
La Fiscalía deberá decidir ahora si lleva el caso a los juzgados para que se investigue judicialmente o si considera que los hechos no superan el ámbito de las irregularidades administrativas.
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