La Asociación de Profesionales del Sector para la Mejora del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia (AMPICAT) advierte que la reformulación de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) hace ahora un año no ha resuelto las "deficiencias estructurales" del sistema de protección de menores. En un comunicado, la organización asegura que la prevención, uno de los ejes centrales del nuevo órgano, “continúa presentando graves deficiencias” y lo atribuye sobre todo a la falta de personal, recursos y dotación presupuestaria “suficiente”.
TELÉFONO DE ATENCIÓN SATURADO
AMPICAT pone el foco en la situación del Servicio Infancia Responde (116 111), el teléfono público de atención a niños y adolescentes en situación de riesgo, y alerta que pierde “llamadas, mensajes y chats por saturación”.
Según información recogida por AMPICAT, en algunos turnos el servicio queda cubierto por un único profesional para toda Cataluña, mientras que los trabajadores “afrontan una elevada presión psicológica y alargamientos de jornada”.
En el ámbito de la protección residencial, AMPICAT considera “insuficientes” los recursos específicos para niños y adolescentes con trastornos de conducta y critica que no se hayan actualizado las ratios de profesionales en los centros residenciales desde hace más de quince años.
En cuanto a los equipos de atención a la infancia y la adolescencia (EAIA), la asociación asegura que continúan trabajando con “falta de recursos suficientes, sin cobertura de bajas laborales y con sobrecarga de expedientes” y alerta que esta situación “se traduce en retrasos en la gestión de los casos y un incremento de la presión sobre los equipos”.
AMPICAT señala que una transformación real del sistema de protección a la infancia requiere “planificación, recursos económicos suficientes y una revisión estructural profunda” y advierte que, sin estos elementos, los cambios pueden quedar limitados “a cambios organizativos o de denominación sin impacto real”.
La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, anunció la reformulación del órgano de protección de los menores hace un año, tras las presuntas irregularidades económicas en la DGAIA y un caso grave relacionado con una joven tutelada víctima de una red de pederastia.
