La ley de acompañamiento de los presupuestos del 2026 continuará su tramitación en el Parlament. La cámara ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, Vox, PPC, CUP y Aliança Catalana gracias a los votos de PSC, ERC y Comuns, que han permitido que el proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público supere el primer escollo parlamentario.
El texto es el mismo que ya se presentó en febrero y, según el Govern, tiene como objetivo simplificar la burocracia, reducir trámites y agilizar procedimientos administrativos. Entre las principales medidas, la norma elimina 22 tasas, modifica 70 y crea tres nuevas.
Cambios en fiscalidad y canon del agua
En el ámbito fiscal, una de las novedades más destacadas es la actualización del canon del agua para los usos domésticos, industriales y ganaderos. El Govern defiende que esta revisión debe garantizar un “marco económico estable” para la Agencia Catalana del Agua.
Los parámetros del canon no se actualizaban desde 2017 y, de cara al 2026, se prevé un incremento del 6%, que gestionará directamente la ACA. La ley también incorpora cambios previstos para los ejercicios 2027, 2028 y 2030.
En cuanto al IRPF, el texto introduce una nueva deducción para los propietarios de fincas inscritas en iniciativas de conservación del patrimonio natural. La ventaja fiscal será de 300 euros si la finca se encuentra en un espacio natural protegido y de 200 euros en el resto de casos, con un tramo adicional por hectárea dentro de la red Natura 2000.
Menos trámites y más digitalización
La ley también abre la puerta a tramitar de urgencia anteproyectos de ley y reglamentos, lo que permitirá reducir los plazos a la mitad. Además, fija un plazo máximo de dos años para digitalizar procedimientos vinculados a actividades económicas, urbanísticas y ambientales.
El Govern sostiene que estos cambios deben servir para hacer más ágil la administración y facilitar la relación entre ciudadanía, empresas y sector público.
La vivienda, uno de los puntos centrales
En materia de vivienda, el texto prevé reforzar el control del mercado del alquiler. Las administraciones deberán compartir información con el Institut Català del Sòl y se endurece el régimen sancionador por la publicidad incorrecta de los precios.
La norma también crea un mecanismo de financiación para que las comunidades de propietarios puedan afrontar rehabilitaciones y amplía las herramientas para detectar viviendas vacías o en situación anómala.
Autoridad aeroportuaria y medidas urbanísticas
A raíz de los acuerdos con ERC, el texto incorporará vía enmiendas la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña. También prevé que, en una futura Comisión Bilateral con el Estado, se impulse un organismo conjunto para coordinar la gobernanza del sistema aeroportuario catalán.
En el ámbito urbanístico, la ley crea la Plataforma Urbanística de Cataluña con validez legal, facilita la implantación de alojamientos para trabajadores temporeros y permite incrementar el número de viviendas de protección oficial sin aumentar la edificabilidad.
Con el rechazo de las enmiendas a la totalidad, el proyecto entra ahora en una nueva fase parlamentaria, en la que los grupos podrán negociar e incorporar cambios antes de su aprobación definitiva.