La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un total de veinte expedientes sancionadores a raíz de la investigación iniciada después del apagón eléctrico que tuvo lugar el 28 de abril de 2025, hace casi un año. Entre las compañías afectadas figuran nombres destacados como Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, así como la Asociación Nuclear de Ascó-Vandellós II y Bahia de Bizkaia Electricidad.
Expedientes sancionadores detallados después del cierre del mercado
A primera hora de este viernes, la CNMC publicó un comunicado oficial donde anunciaba la incoación de diversos expedientes por posibles incumplimientos de la normativa vigente en el sector eléctrico en relación con los hechos estudiados, sin revelar aún las empresas implicadas.
Más tarde, un segundo comunicado especificó que los veinte expedientes se distribuyen así: cinco para Naturgy, cinco para Iberdrola, cinco para Endesa, dos destinados a la gestora de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós II, y un expediente cada uno para Bahia de Bizkaia Electricidad, Red Eléctrica y Repsol. El organismo presidido por Cani Fernández ha preferido esperar hasta el cierre del mercado bursátil antes de identificar públicamente las compañías sometidas a esta fase investigadora.
Análisis sobre las responsabilidades en el apagón generalizado
Ante la complejidad de establecer responsabilidades claras sobre el incidente que afectó tanto a España como a Portugal, diferentes actores implicados han coincidido en calificar aquel día como una "tormenta perfecta" con múltiples causas entrelazadas.
El empresariado energético ha sostenido que: "el operador del sistema era conocedor de los problemas de tensión presentes en la red porque había habido avisos previos". Por su parte, Red Eléctrica ha señalado directamente "el incumplimiento de las centrales generadoras en cuanto al control de la tensión mediante absorción reactiva".
Costo económico derivado: 666 millones de euros desde el cero eléctrico
El operador del sistema eléctrico español ha cuantificado en unos 666 millones de euros el coste acumulado desde que se activó el modo operativo reforzado a raíz del apagón del pasado abril. Esta cifra equivale aproximadamente a unos cuatro céntimos diarios por consumidor con tarifa regulada y un consumo medio mensual estimado en 300 kilovatios/hora.
Este funcionamiento reforzado implica utilizar más intensamente centrales convencionales —como ciclos combinados, nucleares o hidráulicas— para garantizar disponibilidad ante cualquier desequilibrio detectado en el sistema.