Cuando hace ahora un año, poco después de las dos y media del mediodía, España vivió un gran apagón eléctrico que dejó también el tejido empresarial a oscuras. Algunas compañías pudieron reaccionar con grupos electrógenos, pero la mayoría tuvieron que parar la actividad, con pérdidas millonarias por material dañado, maquinaria afectada y el conocido lucro cesante.
Un año después, la situación no ha mejorado. Las empresas se sienten abandonadas, sin compensaciones e igual de vulnerables ante un posible nuevo incidente.
Indignación generalizada del tejido empresarial
Según explica el Nacional, las principales organizaciones como Foment del Treball, Pimec, la Cambra de Comerç de Barcelona o la Unió Patronal Metal·lúrgica denuncian que ni empresas ni ciudadanos han sido tenidos en cuenta.
Critican que las indemnizaciones, cuando llegan, son lentas e insuficientes, y alertan de que la red eléctrica no ha mejorado lo suficiente para evitar una nueva crisis.
Sin responsables claros ni cifras definitivas
Uno de los grandes problemas es que todavía no se ha determinado quién es el responsable final del apagón. Aunque el gestor de la red es Redeia (Red Eléctrica), la investigación continúa abierta en la CNMC.
Esto dificulta las reclamaciones. Las aseguradoras gestionan demandas multimillonarias, pero sin una cifra global clara.
Según Pimec, las pymes catalanas perdieron unos 878 millones de euros, mientras que la CEOE eleva el coste a 1.600 millones en España.
Las aseguradoras, en el punto de mira
Las empresas denuncian que las aseguradoras cubren solo daños directos, pero no el lucro cesante.
Es decir, se paga un congelador estropeado o una máquina averiada, pero no las pérdidas por no poder producir o vender durante días. En algunos casos, ni siquiera grandes industrias con daños graves han cobrado compensaciones.
Facturas más caras y presión energética
El impacto también ha llegado a las familias. Según el sector, la factura energética ha subido entre un 7% y un 13%, por la reactivación de centrales de gas después del incidente, más caras pero necesarias para garantizar el suministro.
Plazo de reclamaciones y riesgo de repetición
El tiempo para reclamar se agota: mientras que la legislación catalana permite hasta tres años, en el ámbito estatal el plazo es de un año, hecho que presiona a empresas y aseguradoras.
Las patronales reclaman que sea el Estado quien indemnice directamente y después reclame a los responsables.
¿Puede volver a pasar?
Aunque el sistema de transporte eléctrico se considera robusto, la red de distribución es vista como insuficiente e incluso empeorada.
Desde la Cámara de Comercio de Barcelona alertan que, si se repitiera un apagón, el 95% de las pymes sufrirían las consecuencias.
El sector coincide en una idea: lo que pasó era improbable, pero ya ha pasado. Y, por lo tanto, no se puede descartar que vuelva a pasar.
