El 80% de las denuncias a Mossos d'Esquadra y policías locales por ocupación son de pisos vacíos de grandes tenedores o fondos de inversión, tal como explica la sub-jefa ejecutiva de Mossos, Alícia Moriana, a la ACN. La número 2 del cuerpo ha admitido que cuando el propietario es de este perfil, hay "cierta dificultad" para localizarlo y para que denuncie, un paso clave para que los agentes actúen.
Según ella, las ocupaciones han bajado alrededor de un 18,1% entre enero y octubre de este año respecto al año pasado, pero los intentos frustrados crecen por "la acción policial" y porque los propietarios "cada vez son más conscientes". Girona o Sabadell son algunos de los municipios donde crecieron más las denuncias en 2024, sobre todo, de pisos vacíos, según los consistorios.
El número de ocupaciones denunciadas —sumando las viviendas vacías, como las primeras y segundas residencias— llegaron a las 6.257 el año pasado en el país, una media de 17 cada día. Se trataba de un incremento del 8% respecto a 2023, y de la cifra más alta desde 2020, cuando se contabilizaron 6.458. Este año, entre enero y octubre, Mossos d'Esquadra y las policías locales del país han registrado 4.345, un millar menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que hace prever al cuerpo de la Generalitat que la cifra quede sensiblemente por debajo de 2024. En cualquier caso, los datos solo muestran los hechos reportados a la policía, y no aquellos que han decidido ir directamente al juzgado o los que no han llegado a ninguna instancia.
Con todo, según alerta Moriana, las tentativas de usurpaciones de viviendas –de ocupar pisos vacíos– y los intentos de violaciones de domicilio –primeras o segundas residencias–, los dos tipos penales que reflejan los datos para englobar el fenómeno de las ocupaciones, han ido al alza. Tras un aumento ininterrumpido desde como mínimo 2019, el año pasado se alcanzó 2.057 intentos frustrados, casi el doble que cinco años antes. Durante los primeros diez meses de 2025 ya se han contado 1.713, seis menos que en el mismo periodo de 2024, así que a finales de año las cifras podrían igualar o superar las del año pasado.
Encontrar al propietario e instarle a denunciar no siempre es fácil
Moriana cree que los motivos del aumento de intentos fallidos y de la caída de ocupaciones consumadas son, por un lado, "la actuación policial", pero también "la sensibilidad de los vecinos", que permite una acción más rápida de los cuerpos de seguridad sin tener que esperar un largo proceso judicial. Además, ha aumentado la concienciación de los propietarios porque "ponen más medidas físicas de protección".
Por otro lado, cree que también ha ayudado la ley 1/2023, que introduce medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal. Así, ha explicado, en casos de problemas de desórdenes públicos o de actividades delictivas, si el propietario es un gran tenedor que "desatiende su obligación" de actuar, la comunidad de vecinos o el ayuntamiento pueden iniciar las acciones legales para conseguir el desalojo. La legislación incluso prevé sanciones de 3.000 a 900.000 euros para los grandes tenedores que no mueven ficha ante una ocupación, y el consistorio puede llegar a adquirir el inmueble temporalmente para destinarlo a vivienda social.
De hecho, la mayoría de las ocupaciones son de pisos vacíos de grandes propietarios, lo que añade complejidad porque primero hay que "encontrarlo" e instarle a que denuncie, un paso esencial. "Nos habíamos encontrado que hay pisos que ni siquiera el propio fondo inversor era conocedor de que era el propietario", ha expresado a la ACN, añadiendo que en algunos casos desisten de iniciar un proceso legal por los costes que supone hasta que la vivienda no sea "financieramente interesante" para ellos.
Buscador de inmuebles de grandes tenedores
Así, este año los Mossos han creado un "buscador de inmuebles" de uso solo interno de pisos de grandes tenedores, en el que participan la Sareb y diversas entidades financieras, con el fin de comprobar más rápidamente si un inmueble es de este tipo de propietarios y de tener "una persona de contacto para poder activar el recurso policial y judicial" mediante denuncia.
Se trata de una de las acciones que el cuerpo está llevando a cabo en el marco de un plan destinado específicamente a las ocupaciones vinculadas a delitos. Es decir, aquellas en las que la vivienda se convierte en "una plantación de marihuana, un punto de venta de droga, un punto de recepción de objetos robados" o bien donde frecuentan delincuentes que acaban causando conflictos vecinales e inseguridad. En cuanto a las "ocupaciones más sociales", de personas vulnerables que han dejado de pagar el alquiler o la hipoteca, no entran en este plan y Moriana dice que "el abordaje policial es totalmente diferente" en estos casos.
En algunas ocasiones, luchan contra redes organizadas, como una que cayó en Mataró en julio de 2022, con una decena de detenidos y 56 ocupaciones, o una en el barrio de Sants de Barcelona en noviembre de aquel año, que desencadenó una operación policial con nueve detenidos que facturaban 24.000 euros al mes a partir de dejar vivir gente en pisos ocupados a cambio de dinero.
Saber el momento de la ocupación, clave
Aparte de la dificultad que presentan los pisos de grandes tenedores, también está la poca concreción con la que a menudo se encuentran los agentes de calle para determinar cuándo ha comenzado la usurpación o violación de domicilio, lo que da pie a diversas interpretaciones sobre si ya se ha consumado una ocupación. Si es el caso, los Mossos ya no pueden desalojar a los intrusos de manera inmediata y se abre un proceso judicial más largo.
Según fuentes judiciales, la interpretación de la norma en este sentido puede ser diferente según el partido judicial. Si no se ha podido desalojar de manera inmediata, los propietarios pueden pedir esta medida de manera cautelar mientras no se cierre el caso, y los ayuntamientos pueden también expulsar a los ocupantes de manera cautelar si hay riesgo grave o peligro inminente.
En cualquier caso, datos proporcionados por Mossos d'Esquadra a la Agencia Catalana de Noticias a través de la ley de transparencia muestran que, tanto este año como los dos anteriores, nueve de cada diez denuncias por ocupaciones consumadas son usurpaciones, es decir, intrusiones en pisos vacíos, y la práctica totalidad de estas, unas 5.000 cada año en 2023 y 2024, son pacíficas –solo un centenar al año son con violencia. Aparte, medio millar en cada uno de estos dos ejercicios fueron violaciones de domicilio, es decir, de primeras o segundas residencias.
Por municipios y comarcas
Los datos oficiales obtenidos, aún sin un periodo significativo de 2025, muestran un aumento de las ocupaciones entre 2023 y 2024 de un 8%, pero a nivel territorial las evoluciones no son uniformes. Así, el Pla de l'Estany y el Berguedà registran el mayor crecimiento porcentual, si bien con pocos casos. En números absolutos, el Vallès Occidental registró 218 denuncias más el año pasado que el anterior, un 40%, hasta las 761. Se trata de la segunda comarca con mayor incidencia, después del Barcelonès, que sumaba 1.467 el año pasado (-4,2% respecto a 2023).
En el Gironès, el aumento interanual fue del 30%, para un total de 387, mientras que también destaca el Baix Empordà, con un 39,7% más de casos y 218 en total. En el otro extremo del ranking, algunas comarcas vieron retrocesos significativos, como la Anoia (-41%) o el Baix Camp (-17%). En conjunto, 25 comarcas han ido al alza y 16, a la baja, mientras que ni en la Val d'Aran ni en el Solsonès se ha denunciado ninguno ni en 2023 ni en 2024
Por municipios, con datos solo de los que tienen más de 10.000 habitantes, las ratios más elevadas en 2024 fueron Palafrugell (38 casos por cada 10.000 habitantes) y Salt (37 casos). Canovelles, la Ràpita, Mataró y Calonge, además de Castelló d’Empúries, Platja d’Aro, Berga y Cunit, también tienen más de 20 casos por cada 10.000 habitantes. En cuanto a las capitales de demarcación, la tasa de Barcelona fue sensiblemente más baja (4,8), similar a la de Lleida (6,5) y Tarragona (7,1), mientras que Girona se disparó hasta una ratio de 21,7 casos.
En comparación con 2023, las denuncias de ocupaciones bajaron de manera significativa en Calella, Cambrils, Sant Celoni, Vilafranca del Penedès o Sant Feliu de Guíxols, mientras que los incrementos más notables fueron en Palafrugell, Blanes y Salou, así como Sabadell (de 119 a 262 casos) o Girona (de 124 a 231), que doblaron los casos.
Las ocupaciones que no se denuncian y se enquistan, "principal problema" en Sabadell
Siguiendo la tónica general catalana expresada por Moriana, el primer teniente de alcalde de Sabadell, Eloi Cortés, ha explicado en declaraciones a la ACN que "el 90%" de las denuncias son de inmuebles de grandes tenedores como fondos de inversión o entidades bancarias, que normalmente no interponen denuncias. Esto "permite que la situación se reproduzca y quede enquistada en el tiempo", dificultando la intervención para ponerle fin. Según él, esta circunstancia es "el principal problema" que tiene el municipio relacionado con las ocupaciones.
Ante las cifras, Cortés explica que no todas las denuncias son de hechos consolidados, ya que en algunos casos la policía municipal frustra los intentos en un número creciente en los últimos años, tal como también reflejan los datos a nivel catalán. Con todo, a veces se encuentran con ocupaciones en espacios "semiabandonados" donde se hace difícil determinar la "trazabilidad" de los hechos, es decir, en qué momento han comenzado, lo que marca la posibilidad de un desalojo "en caliente". Así, el concejal recomienda a los vecinos llamar a la policía municipal cuando tengan una sospecha. Si ya es demasiado tarde, añade, la vía de actuación municipal es contactar con la propiedad, asegurarse de que inicien un proceso judicial y colaborar con la fiscalía e intervenir en casos de conflictividad y convivencia.
Ocupaciones de bloques enteros en Girona
En cuanto a Girona, la concejala de Hacienda y Convivencia y Seguridad, Sílvia Aliu, también subraya que la gran mayoría de ocupaciones son de pisos vacíos, y no de primeras o segundas residencias, e incluso de bloques enteros vacíos. "La gran mayoría son de propiedad de fondos de inversión, de bancos y de la Sareb", concreta, añadiendo que también son de grandes tenedores diversos que evitan así "generar más vivienda" en el municipio. Para intentar rebajar el número de inmuebles inhabitados, Aliu explica que el Ayuntamiento de Girona aplica un recargo en el IBI si detecta que "un piso está en desuso".
Además, en la línea del concejal de Sabadell y la número 2 de los Mossos, Aliu dice que el consistorio está "haciendo el esfuerzo de requerir que haya actuaciones" por parte de los grandes propietarios que tienen inmuebles desocupados para que los pongan a disposición del parque de vivienda.
En cuanto al aumento repentino de las cifras entre 2023 y 2024, la representante argumenta que esto se debe a "la ocupación de bloques enteros" que fueron al alza el año pasado. Además, también explica que cuando un juez dicta el desalojo de una vivienda, si se vuelve a ocupar en el mismo ejercicio, el nuevo hecho también se suma a la estadística.
Según ella, las ocupaciones son un problema que demuestra la "realidad social" de Girona y se le debe "poner freno" para que quien vive allí pueda tener acceso a una "vivienda digna", que se debe conseguir por vía de más vivienda social.