La crisis de la vivienda genera un amplio consenso sobre la necesidad de actuar. El 76,3% de los ciudadanos considera que el Estado debería intervenir en el mercado inmobiliario “tanto como sea necesario” para garantizar el acceso a una vivienda, mientras que un 18,8% prefiere que no interfiera en la dinámica de la oferta y la demanda.
Así lo recoge el Barómetro de Vivienda 2026 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado a partir de 6.021 entrevistas hechas entre el 22 y el 30 de junio. El 86,9% de los participantes asegura que la situación de la vivienda les preocupa mucho o bastante y el 41,5% afirma que les perjudica directamente.
Un 91% reclama más vivienda pública
La medida con uno de los consensos más amplios es aumentar el parque público: el 91,4% defiende que las administraciones construyan más viviendas de este tipo.
Además, el 79% considera que las políticas públicas deberían priorizar la vivienda como un derecho constitucional, mientras que el 13,5% apuesta por tratarla principalmente como un bien de mercado.
Entre las medidas concretas, el 75,7% se muestra partidario de limitar los pisos turísticos, cerca del 72% defiende aumentar los impuestos a los grandes tenedores y siete de cada diez apoyarían congelar los precios del alquiler durante dos años.
La propuesta que obtiene más apoyo es, sin embargo, una rebaja de impuestos para facilitar la compra de la primera vivienda, con un 95,4%. También un 85,7% defiende reforzar las garantías de los propietarios ante posibles impagos.
En cambio, la expropiación de viviendas vacías divide más a los encuestados: un 40% está a favor, mientras que un 54,3% se opone.
La congelación de los alquileres también divide a los electorados
El desglose por recuerdo de voto muestra diferencias significativas. Según el CIS, el apoyo a congelar los alquileres durante dos años llega al 82,6% entre los votantes del PSOE, al 87,2% entre los de Sumar y al 84,8% entre los de ERC.
Entre los electores del PP el apoyo es del 53,1%, entre los de Vox del 49% y entre los de Junts del 47,8%.
La propiedad continúa siendo la opción preferida
A pesar de las dificultades de acceso, el 93,5% de los participantes afirma que preferiría vivir en una vivienda de propiedad y solo el 5,4% optaría por el alquiler.
Actualmente, un 55% de los encuestados es propietario de la vivienda donde vive y un 24,1% reside de alquiler. Entre los propietarios, más de la mitad ya han terminado de pagar el inmueble.
Pero las perspectivas de compra son mucho más limitadas. El 80,6% no tiene previsto adquirir ninguna vivienda durante los próximos dos años. Entre aquellos que querrían ser propietarios, pero descartan comprar, el principal obstáculo es económico: el 80,7% no tiene suficiente dinero para pagar la entrada y el 71,3% considera insuficientes sus ingresos para asumir las cuotas.
Los precios también frenan la emancipación
Las dificultades se repiten entre las personas que comparten piso o continúan viviendo con familiares. Seis de cada diez no prevén trasladarse a una vivienda independiente durante el próximo año.
Entre ellas, el 85,6% señala que los precios de compra son demasiado elevados para sus ingresos y el 84,9% apunta directamente al coste de los alquileres. Un 77% también afirma que no dispone del dinero necesario para afrontar una entrada o una fianza.
El barómetro evidencia así una paradoja: la propiedad continúa siendo la opción residencial preferida de manera muy mayoritaria, pero buena parte de la población que todavía no ha accedido a ella ve cada vez más difícil poder hacerlo.
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