Un total de 24 municipios catalanes no tendrán que implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir de enero gracias a la mejora de sus niveles de calidad del aire, según ha avanzado 3catinfo y han confirmado fuentes del Departament de Territori. La decisión deriva del análisis anual que la Generalitat está obligada a hacer en aplicación del decreto aprobado el año pasado, que amplía el control de contaminantes más allá del dióxido de nitrógeno y las partículas para incorporar también el **ozono**.
La ley estatal de cambio climático de 2021 establecía que las ZBE debían ser obligatorias en los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes que superaran los valores límite de NO₂ y partículas. El decreto catalán fue más allá e incluyó el ozono —que tiene valores objetivos en lugar de valores límite— y fijó que debían contabilizarse cinco años de superaciones para obligar la implantación de estas zonas.
De acuerdo con la revisión de la media 2020-2024, Territori ha concluido que 24 municipios inicialmente obligados a aplicar una ZBE quedan finalmente exentos porque no presentan superaciones de los niveles establecidos. Son: Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Sant Quirze del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda (Vallès); Calafell (Baix Penedès); Cambrils (Baix Camp); Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat y Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat); Figueres (Alt Empordà); Igualada (Anoia); Palafrugell y Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà); Salou y Vila-seca (Tarragonès); Sant Pere de Ribes y Sitges (Garraf); el Vendrell (Baix Penedès) y Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
A partir del 1 de enero, 38 municipios catalanes sí que deberán implantar una ZBE. De estos, 23 tienen más de 50.000 habitantes y 15 superan los 20.000, entre ellos Amposta, Banyoles, Esplugues de Llobregat, Gavà, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Manlleu, Vic, Olot, Salt, Sant Adrià de Besòs y Tortosa. En este grupo, cinco municipios —Amposta, Banyoles, Olot, Salt y Tortosa— pasan a estar obligados por el efecto del decreto catalán y no por la normativa estatal.