Todo hacía indiciar que la vuelta de la Asociación Bravium Artístico y Cultural al antiguo Centro Católico estaba muy cerca. Instituciones públicas y religiosas habían escenificado el entendimiento el 14 de noviembre de 2022 y ya existía incluso un calendario aproximado para ejecutar la rehabilitación del espacio. Los hechos, sin embargo, no han fluido como se esperaban. Las sonrisas y buenas caras de la rueda de prensa del 14 de noviembre se convirtieron en enfado y reproches semanas después. “De la euforia total vamos a pasar al desánimo más absoluto”, define Ferran Figuerola, presidente de la asociación.
A finales del año pasado, Ayuntamiento de Reus, Diputación de Tarragona y la Parroquia Prioral de Sant Pere Apòstol sellaron un acuerdo para impulsar la rehabilitación y mantenimiento de la actividad cultural en el antiguo Centro Católico. El pacto establecía que se cedería gratuitamente el espacio escénico durante 99 años al consistorio reusense, quien financiaría 2.122.475. euros de los 2.479.324,66 euros totales por las reformas del edificio. El resto lo pagaría la Diputación.
El alcalde Carles Pellicer apuntó en la rueda de prensa que este era “un acuerdo histórico y dará un nuevo impulso a la capitalidad cultural de nuestra ciudad para ofrecer más oferta cultural, pública y de calidad, alineada con los objetivos que ya plasmamos en el Plan de Acción Municipal”. Una opinión que también compartían el resto de instituciones presentes en la sala. La presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó, en clave territorial remarcó que “la recuperación de este espacio escénico tiene una especial relevancia no sólo por la ciudad de Reus sino en toda la demarcación, porque nos permitirá ampliar la oferta teatral a la ciudad“. Mientras que el prior Joan Anton Cedó puso en valor “los puentes en común que ya tenemos claros y construiremos” y “el diálogo con la cultura”. En definitiva, aquello era una balsa de aceite.
Frenada en seco
El prior avisó ya en aquel momento de que se necesitaba el visto bueno del Vaticano, un paso que en principio era un puro trámite. La rúbrica del pacto parecía definitiva, pero el acuerdo a tres se dinamitó con la entrada de un cuarto actor en el mostrador: el Arzobispado de Tarragona. Tanto el Ayuntamiento como la Diputación comparecieron juntos para expresar que las demandas que planteaba el Arzobispado eran “inasumibles por una administración pública” y que “modificaba sustancialmente” el acuerdo suscrito con la parroquia Prioral.
Estos términos “inasumibles” se referían principalmente a condiciones éticas, jurídicas y económicas, y de gestión de los espacios. Con relación a las éticas, el Arzobispado añadía una cláusula para vetar “las manifestaciones y expresiones contrarias a la moralidad religiosa”, un apunte que atentaba contra la libertad de expresión del futuro espacio teatral. Al mismo tiempo, Pellicer reconocía que “la cláusula de estilo es una frontera ética que un Ayuntamiento no puede ni debe traspasar”.
En cuanto a los criterios jurídicos y económicos, el tiempo de esta cesión era el principal punto de conflicto entre las instituciones públicas y las religiosas. Los 99 años que habían planteado inicialmente pasaron a ser una especia de fórmula de 25 más 25. El texto en cuestión expresaba: “Propondríamos la constitución de un comodato del edificio que, por su propia naturaleza, es gratuito durante un periodo de 25 años. Pasado este inicial periodo de 25 años y vencido el plazo del Comodato, y de forma consecutiva y pre firmada, entraría en vigor el siguiente tramo de la relación contractual que podría estar representada por un derecho de superficie o alquiler por otro periodo de 25 años más”. Las instituciones públicas, sin embargo, no lo ven viable por los plazos de amortización y porque creen que se pagarían “dos veces por lo mismo”, ya que pagarían el alquiler de un edificio rehabilitado con el mismo dinero público.
Por otro lado, el Arzobispado exigía que la segunda planta del edificio fuera “de uso exclusivo” de la iglesia y la primera planta y la baja del Ayuntamiento. Además, el Ayuntamiento se ocuparía del mantenimiento de “todo el edificio”. Según la institución religiosa, esto debería desarrollarse de tal manera porque considera “inviable compatibilizar la convivencia de entidades con actividades tan diferentes en un espacio”. Estos términos tampoco los compartían Ayuntamiento y Diputación, que no estaban dispuestos a plantear tal inversión para reservar una planta entera para el Arzobispado.
Finalmente, sus exigencias también hablaban del nombre del futuro teatro público. “El Centro Católico de Reus no es el Teatro Bravium y, por lo tanto, hay que seguir llamando Centro Católico de Reus”, ponía en el texto. Ferran Figuerola destaca que la entidad del Centro Católico “ya no existe” y, en consecuencia, “no tendría sentido poner este nombre a un teatro renovado”.
Acercar posturas
Aunque los términos de esta contrapropuesta eran “inasumibles”, ni Llauradó ni Pellicer cerraron la puerta a explorar un pacto que satisfechara a todo el mundo. Ambos, sin embargo, afirmaban que sólo retomarían las negociaciones cuando se devolviera “a los términos que planteaba la propuesta inicial, trabajada y consensuada”, que además respondía a las “necesidades del espacio y se planteaba en términos de interés público”.
La realidad es que públicamente no se ha anunciado ningún avance desde aquella rueda de prensa del 30 de enero. De hecho, la Iglesia llegó a aplazar un encuentro organizado para el 2 de febrero y demandado por el consistorio, una situación que encendió las alarmas. Cinco días después, un breve comunicado del Ayuntamiento quiso calmar las aguas para enderezar la negociación. En el texto, se aseguraba que una delegación encabezada por el alcalde Pellicer y la vicealcaldesa Llauradó continuaban con las conversaciones sobre este tema y que “se mantienen a petición del Arzobispado con la finalidad de poder explorar la posible viabilidad de unos términos que puedan derivar en un convenio asumible por ambas partes”. Tanto el Ayuntamiento como Ferran Figuerola, presidente Bravium Artístic i Cultural, nos aseguran que no hay novedades sobre el tema, “ni buenas ni malas”.
Exilio en Waterloo
El choque público-ecoeclesiástico se lo miran atentos los reusenses y sobre todo la Asociación Bravium Artístico y Cultural. El edificio, situado en la calle de la Prisión 13, debía dar cabida de forma estable a la sede social de Bravium y a su actividad. Convirtiéndose así en el tercer teatro público con una programación estable en la capital de El Baix Camp. La decisión venía impulsada por la larga trayectoria que liga la entidad cultural a este espacio, desde su creación en 1951. “Siempre consideramos que estábamos en casa porque hemos adquirido unos derechos desde hace 70 años”, recalca Ferran Figuerola.
La titularidad de este edificio es también un elemento conflictivo en todo este entramado. La Prioral pasó a tener sus derechos en virtud de un artículo de los terceros estatutos del Centro Católico. Unos estatutos que la gente del Bravium no ha encontrado en ningún sitio. Según el artículo, si el Centro Católico desaparecía, estos bienes iban a parar a la primera autoridad eclesiástica, como fue finalmente. “La casa está bien escriturada, pero nos quejamos de la manera en que se hizo. Si esto sale mal, nos movilizaremos”, apunta Figuerola.
De hecho, Bravium Artístico y Cultural nace en 1951 creada por un sacerdote e inicia su actividad allí. En 1990 deciden formalizar su estancia en el edificio y pactar la utilización de una serie de espacios durante 30 años. En este caso, la Iglesia esperó la finalización del contrato para elaborar un informe técnico, que afirmaba que el edificio estaba a punto de hundirse. Ferran Figuerola explica que ellos se quisieron implicar para buscar financiación para la reforma, pero “nos dijeron que no teníamos que hacer nada y lo único que nos tocaba era sacarlo todo”. En paralelo, también tuvieron más conflictos porque en un inicio no les dejaban ver el informe.
En este punto, se plantaron contra lo que consideraban un “desahucio”. “No sacaremos de aquí dentro ni un bolígrafo hasta que no veamos el informe y tengamos el documento de compromiso”, desafiaba Figuerola en 2021. Dicho y hecho. Consiguieron un documento con el que “cedíamos marchar siempre que pudiéramos volver a ejercer nuestra actividad una vez acabadas las obras” y emprendieron su particular “exilio en Waterloo” (nombre que toma su nueva sede). La sede se encuentra en un antiguo almacén de avellanas en la calle Sant Llorenç y tienen su programación en el teatro del Orfeó Reusenc, justo al lado.
En todo este periplo, Figuerola destaca que “todo el equipo de gobierno se ha portado muy bien” y que “el alcalde se ha implicado mucho en este tema”. El Ayuntamiento, que se podría haber desentendido, se puso de lleno anunciando rápidamente una inversión que de momento no ha cuajado. El presidente de Bravium Artístico y Cultural cree que el Arzobispado “ha tomado el pelo a toda la ciudadanía” con unos “puntos que parecen redactados para que no los puedas cumplir”. Sin embargo, ellos siguen haciendo teatro y recalcan que “el Bravium somos la gente, no es un espacio”. Por lo tanto, la entidad mantendrá su programación teatral sea donde sea. “Si tenemos un teatro cuanto antes, mejor que mejor. Pero si no es así, seguiremos adelante”.
