lunes, 21 de abril de 2025
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Los Comunes no negociarán los Presupuestos sin sanciones en la ley de alquileres

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Joan Mena, portaveu dels Comuns al Parlament

Los Comunes consideran que Cataluña dispone de “herramientas y mayorías políticas” para garantizar el derecho a la vivienda, como desarrollar el régimen sancionador de la ley de alquileres.
Una medida que el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha situado este lunes como “condición indispensable” en la negociación de presupuestos que se debe abrir.
Están pendientes de concretar una primera reunión con el Gobierno sobre las cuentas, pero han dejado claro que están “más que dispuestos”.

Por otro lado, Mena ha vuelto a cargar contra Junts por haber tumbado en el Congreso la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones.
Les ha acusado de “trabajar expresamente para hacer más complicada la vida a los catalanes” y les ha pedido que permitan su debate.

En rueda de prensa este lunes, Joan Mena ha subrayado que la puesta en marcha del régimen sancionador forma parte de los acuerdos para la investidura de Salvador Illa, y por ello presionan al PSC para que se concrete en la negociación presupuestaria.
Según ha explicado, esta medida permitiría tener “inspectores” que “sancionen a quien hace fraude de ley con el alquiler y con los falsos alquileres de temporada“.

En cuanto al Congreso de los Diputados, el portavoz de Catalunya en Comú ha pedido “complicidad” a los socialistas para volver a llevar la reforma tumbada y ha reclamado a Junts que facilite su tramitación, a quien ha criticado con dureza.
“Cada vez que algún catalán entre en un portal inmobiliario y vea los precios desorbitados, que se recuerde que esto sigue siendo así hoy gracias a Junts”, ha censurado.

 

La Copa América, “una estafa”

Por otro lado, los Comunes han denunciado que “esta Copa América es una estafa para la ciudad de Barcelona“.
Después de que ‘Crític’ haya publicado que las ayudas públicas duplican las previsiones iniciales, Joan Mena ha señalado a sus organizadores por “haber incumplido las medidas que se habían pactado con el Ayuntamiento de Barcelona”, en aquel momento gobernado por Ada Colau.

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