Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha admitido que difundió un correo confidencial intercambiado entre el fiscal Julián Salto y el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. “El texto del fiscal Salto dice que no es obstáculo para poder llegar a un acuerdo y ese es el que yo difunde”, ha explicado Rodríguez en una atención a la prensa tras declarar como testigo ante el juez. Sin embargo, ha dicho que “desconocía” la existencia de un correo previo con datos personales y que es el que ha originado la causa que investiga el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Así, el jefe de gabinete de Ayuso ha exigido que la responsabilidad recaiga en el mismo y ha pedido una “sentencia ejemplar”.
Tras declarar durante 45 minutos, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso ha pedido que la responsabilidad recaiga en el fiscal general del Estado y que se le castigue debidamente para que “nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español”. Ha añadido que la ley debe mostrar que “los cargos públicos no pueden difundir informaciones de nadie y mucho menos usarlas como un ataque político”.
También ha aprovechado para cargar contra Pedro Sánchez quien, desde su punto de vista, “ha diseñado una operación política contra una rival política y eso de ninguna manera se puede soportar en democracia”.
La mano derecha de Ayuso había sido citado a declarar como testigo a petición de la Abogacía General del Estado, que ejerce de defensa del Fiscal General del Estado. Todo ello al considerar que fue él quien inicialmente difundió comunicaciones confidenciales entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal Julián Salto la noche del 13 de marzo. En concreto, filtró el correo al que se ha referido este miércoles a varios medios. Las primeras publicaciones basadas en esta información llevaron a la Fiscalía a recopilar los detalles del caso y emitir un comunicado al día siguiente para esclarecer los hechos.
Poco después varios medios publicaron el contenido completo del primer correo de la cadena, un mensaje en el que el abogado de González confesaba un fraude de 350.000 euros y planteaba aceptar una condena simbólica de prisión y el pago de una multa a cambio de evitar la prisión por su cliente.