10 años de la hoja de ruta que debía llevar Cataluña a la independencia en 18 meses

CDC-Reagrupament, ERC, ANC, Òmnium y AMI firmaron el 30 de marzo de 2015 el “preacuerdo de la hoja de ruta unitaria por la independencia de Cataluña”. Se mantenían relaciones con la CUP y MES-Movimiento de Izquierdas para sumar apoyos. El documento, de dos páginas, pretendía reunir a todas las organizaciones soberanistas que compartían el objetivo de que Cataluña “iniciara un proceso de transición democrática” para convertirse en un estado independiente “si así lo quería la mayoría de la ciudadanía”.

La hoja de ruta establecía que las elecciones del 27 de septiembre de 2015 al Parlament, con “carácter plebiscitario”, servirían como “mecanismo legal” para conocer la “voluntad del pueblo” sobre su futuro político, “sustituyendo el referéndum que se impidió realizar”. “De esta manera el resultado será de lectura fácil e inequívoca para todos, dentro y fuera de Cataluña, y permitirá el ejercicio del mandato correspondiente”.

El documento también remarcaba que los programas de las candidaturas soberanistas para el 27-S habían dejado claro, como punto primero y destacado, que votarlas suponía un “pronunciamiento favorable” a la independencia. Además, la hoja de ruta insistía en que el eje nacional y social “son inseparables”.

Desarrollo del proceso

El preacuerdo firmado por los principales partidos y entidades soberanistas apostaba por elaborar un proyecto de texto constitucional en el plazo de 10 meses, mediante un mecanismo participativo que permitiera reunir más voluntades al proyecto a través de un “proceso constituyente abierto”. Se trataba de la llamada Convención Constitucional Catalana, que debía supeditar los resultados a un referéndum posterior.

La hoja de ruta contemplaba que, después, se crearía y activarían las “estructuras necesarias” del nuevo estado: hacienda propia, seguridad social, transitoriedad legal, acción exterior, transición de infraestructuras estratégicas, servicios sociales y de salud, abastecimiento energético y seguridad, entre otros.

Actos de soberanía

El preacuerdo incluía una serie de “actos de soberanía necesarios” para construir el nuevo país: tras recoger el mandato del 27-S había que hacer una “declaración soberanista inicial” como anuncio e inicio del proceso hacia la proclamación del nuevo estado. Este “proceso de transición democrática” no debía quedar “en ningún caso supeditado” a la vigencia jurídica o a eventuales impugnaciones de esta declaración.

Finalmente, el texto concretaba que el “proceso de transición nacional” hacia la proclamación de la república catalana debía iniciarse con las elecciones del 27 de septiembre, y que se culminaría “en un periodo máximo de 18 meses”.

Culminación del proceso

El preacuerdo subrayaba que, acto seguido, había que iniciar las negociaciones con el Estado de las nuevas condiciones: reparto de activos y pasivos, relaciones entre los nuevos estados. Según el documento, también se establecerían conversaciones con instancias internacionales para el reconocimiento y admisión del nuevo estado. La hoja de ruta añadía que había que mantener una actitud “expectante” respecto “la alternativa” de un referéndum vinculante por parte del Estado sobre la independencia de Cataluña.

Al final se contemplaba un referéndum -también vinculante- sobre el texto constitucional para culminar el mandato democrático a favor de la constitución del nuevo estado catalán. “El resultado positivo de este referéndum permitirá la proclamación de la independencia”, concluía el documento.

El siguiente paso era la elección del nuevo Parlamento, ya en el nuevo marco constitucional. Y, a partir de entonces, negociar las “nuevas formas de relación” con el Estado y la Unión Europea.

La hoja de ruta la firmaban Josep Rull (CDC) y Rut Ribagorçana (Reagrupament), Marta Rovira (ERC), Carme Forcadell (ANC), Muriel Casals (Òmnium) y Josep Maria Roigé y Josep Andreu (AMI).

Críticas de CUP, EUiA y MES

Las formaciones de EUiA y MES-Movimiento de Izquierdas no firmaron aquel documento del 30 de marzo de 2015, que entraba más al detalle que el principio de acuerdo del 13 de marzo anterior. De hecho, EUiA daba por “muerto” el proceso soberanista por los intereses “electorales” de CDC y ERC. Su coordinador general, Joan Josep Nuet (después diputado de Esquerra), se mostraba especialmente “decepcionado” con los republicanos: “Han puesto los intereses partidistas por encima de los de la mayoría de ciudadanos”, dijo.

Por su parte, la CUP veía margen para sumarse y trabajar sobre la hoja de ruta. Ahora bien, la izquierda independentista no compartía ni el “neguido” ni las “prisas” metodológicas del preacuerdo, tal y como advirtió su portavoz en el Parlament, Quim Arrufat. Reclamó, en este sentido, “ampliar el carril” para meter el proceso constituyente, así como más diversidad política de actores y construir un “relato común” para dejar atrás “la escenificación”.

El acuerdo entre CDC y ERC por la coalición de Junts pel Sí, en julio de aquel 2015, apartó a la CUP de la estrategia en común con los dos principales partidos soberanistas. Los anticapitalistas fueron invitados a sumarse a la lista, pero lo rechazaron. En cambio, MES sí se unió a JxSí, junto con otras organizaciones como Demòcrates, Avancem, Catalunya Sí, Solidaritat y Estat Català.

Iceta y la prisión

El 31 de marzo, al día siguiente de la firma del preacuerdo sobre la hoja de ruta, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, preguntó a CDC y ERC si estaban dispuestos a “repetir el 6 de octubre” y a “ir a la cárcel” para aplicar el documento. El entonces líder socialista hacía referencia al día de 1934 que el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó “el estado catalán dentro de la república federal española”, en Barcelona. “Es un error”, subrayó Iceta.

Justo después, al preguntarle directamente -en una entrevista en Catalunya Ràdio- si veía a los dirigentes convergentes o republicanos hacia la cárcel, Iceta respondió: “Yo los veo yendo hacia el precipicio. Por el camino de la cárcel, no lo sé”.

Rajoy: “La hoja de ruta es mala”

Las críticas también vinieron desde Madrid. El entonces presidente español, Mariano Rajoy (PP), aseguró que el preacuerdo por la hoja de ruta es “malo” para los catalanes y para el resto de los españoles. “Es malo en el fondo porque va contra el destino de la historia y en la forma porque supone saltarse la legislación que hay actualmente en España, la Constitución”, subrayó.

Por su parte, la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, calificó de “papel mojado” el documento firmado por CDC, ERC, la ANC, Òmnium y la AMI. Sánchez-Camacho decía que el texto era la “constatación” de que Mas y Junqueras querían seguir engañando a los catalanes.

Los partidos y las entidades soberanistas coinciden, 10 años después, en que no se pueden poner límites ni fechas tan concretas cuando los objetivos son “tan grandes”, y el camino “tan incierto”. Sobre todo porque no se había desbrozado nunca todavía.

Una década después, los actores que firmó aquel documento también admiten que ahora sería “impensable” ningún tipo de preacuerdo teniendo en cuenta la distancia que hay entre las propias organizaciones.