El 11 de diciembre de 2025, la Diputación de Lleida celebrará un Pleno Extraordinario muy diferente a cualquier otro. No vendremos a debatir presupuestos ni a votar proyectos. Vendremos, sencillamente —y sin embargo, profundamente— a hacer justicia. A reparar, con la fuerza de la palabra y la solemnidad institucional, una parte del dolor que la historia infligió a cientos de servidores públicos injustamente depurados y represaliados por el régimen franquista. En aquella sala, entre los asientos habituales de diputados y diputadas, tendrán lugar destacado los familiares de aquellos trabajadores y trabajadoras que, por fidelidad a sus ideales o por su simple adhesión a la legalidad, fueron apartados de su trabajo, humillados y condenados al olvido.
Después de una Guerra Civil como la española, con la barbarie llevada al extremo, la posguerra fue cruel. Cataluña vivió años de muerte, exilio, hambre y represión. Entre las formas más sutiles —y a la vez más devastadoras— de aquella represión se encuentran las depuraciones políticas. Documentar, resumir y ordenar aquellas crueldades es una tarea que aún hoy nos conmueve. Pero es, sobre todo, un deber democrático: dar nombre y voz a quienes les fueron arrebatados por la fuerza.
Nuestras tierras, de carácter agrario, sufrieron con más intensidad aquella persecución. Mientras algunos podían huir, muchos otros quedaron atrapados en un país que había convertido la disidencia en delito y el miedo en norma. En la Diputación de Lleida, las cifras hablan por sí solas: 537 personas —entre expedientadas y expulsadas— fueron víctimas de un proceso de anulación política y profesional que marcó a familias enteras. Detrás de cada expediente había un rostro, una familia, una casa que se quedaba sin sueldo, una vida que se resquebrajaba en el más crudo silencio.
Hoy, más de ocho décadas después, tenemos la obligación, como institución y como sociedad, de mirar de cara aquella injusticia. No se trata de reabrir heridas, sino de reconocerlas, de reparar como mínimo el silencio. El final de la guerra representó para Cataluña un quiebre histórico; y la dictadura que siguió, una guerra psicológica contra nuestra identidad colectiva. Aquellas depuraciones, más que una sanción administrativa, fueron una herramienta de humillación y control ideológico. Y aún nos interpelan: porque la democracia solo es plena cuando es capaz de mirar atrás y hacer memoria con coraje.
Este Pleno Extraordinario es, por tanto, un acto de reparación moral. Un gesto de respeto hacia las personas que sufrieron la represión, pero también un mensaje a las generaciones futuras: la libertad y la dignidad no se heredan, se defienden.
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Servicio de Archivos, Estudios e Información de la Diputación de Lleida, encabezado por Teresa Ibars y bajo el liderazgo de la vicepresidenta Sandra Castro, por su trabajo riguroso y comprometido. Sin su investigación, muchas de estas historias habrían permanecido ocultas en el silencio de los archivos. Gracias también a los familiares que se han prestado a compartir las experiencias, los recuerdos y las vivencias de sus antepasados: vuestro testimonio es la luz que nos guía en este deber colectivo.
La Diputación de Lleida se compromete a continuar trabajando por la reparación de la memoria democrática, para restituir la dignidad de todas las personas represaliadas y para mantener vivo el recuerdo de aquellos que, con su ejemplo, nos recuerdan que la justicia y la libertad nunca son conquistas definitivas, sino caminos que hay que recorrer cada día.