Hemos vivido unos días surrealistas. Como si estuviéramos en el desenlace de una serie de Netflix donde en un fin de semana se desatasca toda la trama.
Desalojo de la Maricarmen, manifestaciones del sindicato de inquilinos, Real decreto de vivienda, negociaciones en un fin de semana, los partidos que apoyan al gobierno (Podemos y ERC) pidiendo que no se negocie con Junts per Catalunya, negociaciones rotas, texto repleto de inseguridades jurídicas y posibles inconstitucionalidades, el gobierno pierde la votación y... se convocan elecciones.
La vivienda ha sido la excusa para la convocatoria electoral. Y, de paso, hemos dejado de hablar del drama de Ceuta.
Es difícil no pensar que todo ello estaba muy calculado. Pero, como no soy malpensada, hablamos del Real decreto que Junts per Catalunya votó en contra.
Muchos ciudadanos se preguntarán cuál ha sido el motivo de nuestro voto. Citaré algunos. El principal es su tramitación. Si la vivienda es la primera preocupación de los ciudadanos, ¿se tiene que despachar en un fin de semana a través de un Real decreto que no admite modificaciones en su articulado?
¿Tenemos que aceptar que esté repleto de inseguridades jurídicas que afectan a miles de pequeños propietarios? Muchos jubilados de nuestras comarcas tienen pensiones muy bajas. Un agricultor puede cobrar menos de 800 euros al mes y la pensión media de los autónomos ronda los 1.000 euros.
Algunos, con mucho esfuerzo, han ahorrado y han comprado un pequeño inmueble que ponen a alquilar para complementar la pensión. Ahora pongámonos en su lugar. Si en esa vivienda hay un okupa, una persona que deja de pagar el alquiler (porque no quiere o porque es una familia vulnerable), ¿quién ayuda a este pequeño propietario a vivir? ¿Quién le paga los gastos del piso? ¿Quién le paga la residencia si algún día la necesita? ¿Quién le garantiza que cobrará? En muchos casos, nadie.
Y esta también es una realidad que forma parte del problema de la vivienda. Pero esta realidad no sale en el debate. Porque cuando hablamos de propietarios solo hablamos de los grandes inversores, de los fondos o de los especuladores. Y no es así.
En Lleida hay agricultores, autónomos, comerciantes y familias que han trabajado toda la vida y que tienen un pequeño patrimonio. ¿Y qué les pasa? Pues que muchos prefieren no ponerlo en el mercado de alquiler.
Evidentemente que tenemos que proteger a las personas vulnerables. Es la obligación de las administraciones. Pero esta responsabilidad no puede recaer sobre el pequeño propietario.
Por eso, Junts no votó el decreto de vivienda. Porque, entre otras cuestiones, considerábamos que generaba inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica genera miedo. Miedo entre los propietarios. Y también entre quienes han de invertir y promover nuevas viviendas.
Nuestra propuesta era muy clara: dejar el decreto sobre la mesa y continuar negociando. Mejorarlo. Buscar garantías. Llegar a un acuerdo. Y la solución pasa por construir más vivienda pública y social. Poner suelo en el mercado. Agilizar licencias. Facilitar la promoción. Dar seguridad a los propietarios. Y hacer atractivo poner una vivienda vacía a alquiler. Dando incentivos, no.
Porque proteger a una persona vulnerable es una obligación. Pero proteger a quien ha trabajado toda una vida, ha pagado impuestos y ha conseguido ahorrar para tener un poco más de tranquilidad también lo es.
Pero negociar no ha sido la respuesta del gobierno. La respuesta ha sido: convocatoria de elecciones y aprobación del Real decreto a través de la Comisión Permanente del Congreso, donde tienen mayoría. Todo muy legal pero, políticamente discutible.
Por lo tanto, ¿la prioridad era la vivienda o la excusa para convocar elecciones?
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