La seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y también una de las bases sobre las que se construye la convivencia. Sin seguridad no hay libertad, no hay tranquilidad y cuesta mucho construir un proyecto de vida con normalidad.
Por eso, es justo y necesario poner en valor el trabajo que, desde hace meses, están desarrollando los cuerpos de seguridad en Lleida. Tanto la Guardia Urbana como los Mossos d'Esquadra están llevando a cabo una tarea intensa, profesional y coordinada que está dando resultados tangibles. Las últimas detenciones importantes no son fruto de la casualidad, sino de muchas horas de trabajo, de investigaciones complejas y del compromiso cotidiano de cientos de profesionales que velan por la seguridad de todos nosotros.
A menudo exigimos resultados inmediatos, pero pocas veces nos paramos a reconocer el esfuerzo que hay detrás de cada operación policial. La realidad es que muchas investigaciones requieren tiempo, paciencia y una gran capacidad técnica. Por eso, cuando se consigue desarticular un grupo delictivo o detener a personas que generaban una gran preocupación entre la ciudadanía, también es importante saber decir gracias.
Ahora bien, durante mucho tiempo hemos arrastrado una situación que generaba una enorme frustración social. Muchos delincuentes, especialmente aquellos que acumulaban pequeños delitos de manera reiterada, eran detenidos una y otra vez y volvían rápidamente a la calle. Esta sensación de impunidad perjudicaba la confianza de los ciudadanos y desmotivaba, incluso, a los mismos agentes que veían cómo su trabajo no siempre tenía las consecuencias esperadas.
En este sentido, la reforma de la ley de la multireincidencia impulsada por Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados es una buena noticia. No se trata de endurecer por endurecer ni de criminalizar a nadie, sino de introducir un principio de justicia elemental: quien convierte la delincuencia en una forma habitual de vida debe saber que su conducta tendrá consecuencias reales.
Pero sería un error pensar que toda la solución pasa únicamente por aumentar las detenciones o incrementar las penas. El gran reto que tenemos delante es aún más profundo y tiene un nombre muy concreto: el narcotráfico.
Una parte importante de los delitos que se producen en nuestros barrios tienen una relación directa o indirecta con las drogas. Detrás de muchos robos, actos vandálicos o episodios de violencia encontramos redes de distribución ilegal y personas que sufren situaciones de dependencia.
Por eso, hay que actuar en dos frentes simultáneamente. Por un lado, con toda la contundencia contra los narcotraficantes. No podemos normalizar su presencia ni permitir que conviertan nuestros barrios en espacios de inseguridad y degradación. El mensaje debe ser claro: quien se enriquece destruyendo la vida de los demás debe encontrar una respuesta policial y judicial contundente.
Pero, por otro lado, también debemos acompañar a las personas consumidoras. Detrás de muchas adicciones hay historias de vulnerabilidad, problemas de salud mental, situaciones de exclusión social o trayectorias personales difíciles. Estas personas necesitan ayuda, tratamiento y oportunidades para reconstruir su proyecto de vida.
La seguridad del siglo XXI no se puede entender solo desde la represión. Necesita prevención, coordinación institucional, políticas sociales eficaces y una sociedad que no se resigne ante los problemas.
Lleida tiene la suerte de contar con unos excelentes profesionales en sus cuerpos de seguridad. Nuestra responsabilidad, como responsables públicos, es dotarles de las herramientas necesarias para que puedan hacer bien su trabajo, impulsar las reformas legales que sean necesarias y abordar las causas profundas que alimentan la delincuencia.
Porque una ciudad segura no es aquella que vive con miedo. Es aquella que protege a su gente, que no tolera la impunidad y que, al mismo tiempo, ofrece oportunidades a quien quiere rehacer su vida.