La paciencia tiene un límite. Y en Lleida, con las escaleras mecánicas que conectan la plaza Sant Joan con el Canyeret, hace demasiado tiempo que lo hemos superado. Lo que debería ser un servicio básico, útil y funcional para cientos de ciudadanos cada día, se ha convertido en un ejemplo más de dejadez, desorganización y mala gestión municipal.
No es ninguna novedad: las escaleras no funcionan. O lo hacen de manera intermitente, esporádica, casi anecdótica. Lo más habitual es encontrarlas paradas, inutilizadas, como si formaran parte de un paisaje de resignación al cual, desafortunadamente, algunos ya se han acostumbrado. Pero no, no nos tenemos que acostumbrar. No es normal. No es aceptable.
Hace meses —por no decir años— que esta infraestructura encadena incidencias. Averías recurrentes, falta de mantenimiento evidente y, en algunos casos, actos vandálicos que tampoco han sido abordados con la contundencia necesaria. El resultado es claro: unas escaleras que deberían facilitar la movilidad, especialmente en un punto clave de la ciudad, se convierten en una barrera más para los ciudadanos.
Y no hablamos de un espacio cualquiera. Esta conexión es una de las principales vías de acceso a la calle Canyeret, a los juzgados y también al ascensor que lleva hacia la Seu Vella. Es, por lo tanto, un punto estratégico tanto para vecinos como para profesionales, visitantes y turistas. Cuando falla, no falla un detalle menor: falla una pieza importante del funcionamiento cotidiano de la ciudad.
Las quejas son constantes. Vecinos, usuarios, personas mayores, gente con movilidad reducida… todos coinciden en lo mismo: ¿hasta cuándo tendrán que aguantar esta situación? ¿Hasta cuándo tendrán que hacer esfuerzos adicionales para suplir la ineficiencia del Ayuntamiento? La pregunta es tan directa como legítima: ¿quiere el Ayuntamiento que los ciudadanos paguen impuestos a cambio de servicios que no funcionan?
La respuesta debería ser evidente. Pero la realidad que vivimos no acompaña. Lo que debería ser una prioridad —garantizar el buen estado de los servicios públicos— parece haber quedado relegado a un segundo plano. Y esto no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de voluntad política, de empatía y de respeto hacia la ciudadanía.
No se trata solo de reparar una avería puntual. Se trata de asumir que hay un problema estructural y actuar en consecuencia. Se necesita un mantenimiento riguroso, una supervisión constante y, si es necesario, una renovación integral de la infraestructura. Lo que no puede ser es esta dinámica de parches, de actuaciones tardías y de explicaciones insuficientes.
Además, es necesaria transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué está pasando, por qué estas escaleras fallan de manera reiterada y qué soluciones se están planteando. El silencio o las respuestas vagas solo alimentan la frustración y la sensación de abandono.
Desde la oposición, el PP no nos limitaremos a denunciar esta situación. Continuaremos exigiendo responsabilidades y, sobre todo, soluciones. Porque gobernar no es solo anunciar proyectos, es también garantizar que el día a día funciona. Y hoy, en este punto concreto de la ciudad, el día a día no funciona.
Lleida no se puede permitir normalizar el mal funcionamiento de sus servicios. No podemos resignarnos a infraestructuras que fallan sistemáticamente mientras los ciudadanos sufren las consecuencias. Se necesita un cambio de actitud, una gestión más eficiente y una clara voluntad de poner a las personas en el centro de la acción política.
Ojalá este artículo sirva, como mínimo, para dar voz a las muchas quejas que hace tiempo que se acumulan. Pero, sobre todo, ojalá sirva para que el Ayuntamiento actúe de una vez por todas. Porque la paciencia, como decía al principio, tiene un límite. Y en Lleida, en este caso, ya hace demasiado tiempo que se ha agotado.