Hay derechos que no siempre se reivindican lo suficiente, pero que sostienen todos los demás. El derecho a desplazarnos con normalidad por nuestro territorio es uno. Sin un sistema de Rodalies digno y funcional, sin infraestructuras viarias seguras y eficientes, sin conexiones que unan pueblos, comarcas y capitales, no podemos garantizar que la gente se quede a vivir en nuestros municipios, que emprenda empresas en el territorio o que decida trabajar en nuestras empresas.
La movilidad no es solo una cuestión de trenes o carreteras. Es una cuestión de equidad territorial y, sobre todo, es una cuestión de derechos.
Las últimas semanas hemos vuelto a vivir episodios que evidencian las carencias estructurales del sistema ferroviario en las Tierras de Lleida, Pirineo y en Aran: retrasos reiterados, incidencias técnicas, falta de inversión acumulada durante años. Y, sobre todo, la ausencia de un sistema de Cercanías de Lleida.
Desde la Diputación de Lleida no miramos hacia otro lado. Asumimos nuestra responsabilidad como institución que representa al conjunto de los municipios del territorio. Por eso, el próximo 27 de febrero, hemos convocado la Mesa de Cercanías, que reunirá a administraciones, agentes sociales y económicos y representantes del territorio para articular una voz conjunta y exigente. No se trata solo de reclamar inversiones; se trata de definir qué modelo de movilidad necesitan las Tierras de Lleida.
A la situación ferroviaria se suma el estado de las carreteras. Las lluvias recientes han evidenciado carencias en vías estratégicas como la A-2, la N-260 —el Eje Pirenaico— o la N-230 hacia Vielha, así como déficits acumulados en otros ejes clave. Son infraestructuras que conectan personas, servicios y actividad económica. Cuando fallan, el territorio se resiente. Desde la Diputación debemos garantizar acciones y previsiones. Debemos pedir responsabilidad a las instituciones que gestionan las vías más damnificadas (Generalitat y Estado) y debemos ser, más que nunca, resolutivos y responsables con las carreteras que gestionamos desde Diputación (casi 800 kilómetros que en breve superarán los 1.000 kilómetros).
El transporte interurbano por carretera, especialmente en los municipios sin estación ferroviaria —que son la mayoría—, es la red real de movilidad cotidiana. Y nos encontramos en un momento decisivo: las concesiones actuales del servicio de bus interurbano caducarán en 2028. Por primera vez en más de cuarenta años se redefinirá estructuralmente el mapa del transporte por carretera en Cataluña. Es una oportunidad para incorporar criterios de equidad territorial, integrar tren y bus, y apostar por modelos adaptados al mundo rural.
La Diputación de Lleida no tiene competencias directas en transporte ferroviario ni en concesiones de bus. Pero sí que tiene legitimidad territorial, representatividad municipal y responsabilidad institucional. Y esta responsabilidad nos obliga a actuar.
Lo estamos haciendo. Con el Plan Zonal de Carreteras, priorizando inversiones allí donde más falta hacen. Respondiendo, también, de manera ágil y eficaz a los últimos desprendimientos que han afectado las carreteras locales con los temporales de los últimos días. Con el impulso de ejes estratégicos que mejoran la conectividad interna. Con la convocatoria y el seguimiento de la Mesa de Cercanías para coordinar alcaldes y defender una voz unitaria del territorio. Y con una actitud clara de diálogo con el Estado y la Generalitat para reclamar aquello que nos corresponde.
No se trata de señalar, sino de corresponsabilizar. No pedimos privilegios; exigimos equidad. Conectar Lleida no es una reivindicación localista. Es una apuesta por una Catalunya cohesionada, equilibrada y con oportunidades para todos.
Este es el modelo que defendemos desde la Diputación de Lleida: una institución que no se limita a gestionar, sino que lidera; que no espera soluciones, sino que las impulsa; que no piensa solo en el presente, sino en la demarcación que queremos de aquí a diez o veinte años.