Los vecinos de Lleida estamos hartos. Hartos de oír discursos tranquilizadores mientras la realidad en las calles cada vez es más preocupante. Hartos de oír anuncios, promesas y titulares optimistas mientras la inseguridad se abre paso en barrios que durante años han sido ejemplos de convivencia y cohesión. Y, sobre todo, hartos de comprobar cómo el gobierno socialista de la Paeria parece incapaz de asumir la gravedad del problema y de actuar con la firmeza que la situación exige.
Los hechos ocurridos recientemente en la Bordeta han provocado una profunda indignación entre los vecinos. Se produjeron episodios de violencia con la participación de personas armadas con hachas, armas blancas, palos, barras, palas y otros objetos contundentes. También se registraron lanzamientos de piedras y trozos de ladrillo que acabaron causando heridos. Y sí, el mensaje es devastador: muchas personas han dejado de sentirse seguras en su propio barrio.
Y la pregunta es inevitable: ¿hasta dónde llegaremos?
Cuando el miedo se instala en las calles, cuando los vecinos evitan determinadas zonas o cambian sus rutinas por temor, es evidente que algo está fallando. La seguridad no es un lujo ni una cuestión secundaria. Es un derecho fundamental. Es la base sobre la que se construyen la convivencia, la libertad y la calidad de vida. Sin seguridad, todo lo demás queda en segundo plano.
Durante demasiado tiempo, una determinada manera de entender la política ha intentado minimizar o relativizar problemas que hoy son evidentes. El buenismo, entendido como la renuncia a ejercer la autoridad democrática cuando es necesaria, no ha solucionado los conflictos. Al contrario. En muchos casos ha contribuido a generar una impunidad que acaba perjudicando a los ciudadanos que cumplen las normas.
Los leridanos no piden privilegios. Piden lo más elemental: poder vivir tranquilos. Poder pasear por sus barrios sin miedo. Poder llevar a los hijos a la escuela, volver a casa después de trabajar o disfrutar de los espacios públicos con normalidad. Y cuando esto deja de ser una certeza para convertirse en una preocupación, las administraciones tienen la obligación de actuar.
Por eso desde el PP Lleida reclamamos firmeza en la aplicación de las normas. Reclamamos que las ocupaciones conflictivas que generan problemas de convivencia tengan una respuesta rápida y efectiva. Reclamamos procesos judiciales ágiles que eviten que situaciones intolerables se eternicen durante meses o años. Reclamamos un marco legal claro que proteja a las víctimas y no alimente la sensación de impunidad de quienes incumplen la ley.
También reclamamos un apoyo inequívoco a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Los agentes que trabajan cada día para proteger a los ciudadanos merecen respeto, recursos y reconocimiento. Una sociedad que debilita sus instrumentos democráticos de seguridad es una sociedad que se hace más vulnerable.
Y es aquí donde el gobierno socialista de la Paeria debe dar explicaciones. Porque los anuncios no sustituyen los resultados. Porque las campañas de comunicación no resuelven los problemas reales de los barrios. Y porque los ciudadanos tienen derecho a exigir responsabilidades cuando perciben que la situación empeora.
De poco sirve anunciar millones de euros en inversiones, reformas urbanísticas o grandes proyectos si no se garantiza primero el derecho más básico de todos: la seguridad. Las aceras nuevas, las plazas remodeladas o los equipamientos modernos pierden sentido si los vecinos tienen miedo de utilizarlos. Ninguna transformación urbana será completa si no va acompañada de seguridad, orden y convivencia.
Los leridanos merecemos una ciudad donde la ley se cumpla, donde las normas se hagan respetar y donde los delincuentes sepan que sus acciones tienen consecuencias. Merecemos un gobierno que afronte los problemas sin excusas ni eufemismos. Y merecemos un gobierno que escuche la indignación de los barrios antes de que sea demasiado tarde.
La seguridad no es de derechas ni de izquierdas. Es una exigencia democrática. Pero cuando los gobiernos fallan en esta responsabilidad esencial, es legítimo señalarlos como parte del problema. Y hoy, lamentablemente, muchos vecinos de Lleida tienen la sensación de que el gobierno socialista de la Paeria no está ofreciendo las soluciones que la ciudad necesita.