El próximo 29 de noviembre nos jugamos mucho más que un resultado electoral: los derechos sociales, los servicios públicos y el modelo de sociedad que queremos construir. Y esto nos plantea las grandes preguntas que deberían centrar esta campaña, porque afectan directamente al bienestar, la calidad de vida de las personas y nuestra democracia. ¿Podrán los jóvenes acceder a una vivienda digna? ¿Tendrán las familias salarios suficientes? ¿Garantizaremos una sanidad y una educación públicas de calidad, pensiones dignas y una atención adecuada a la dependencia? ¿Continuaremos avanzando en igualdad, derechos y libertades?
Las respuestas a estas preguntas dependen, en buena medida, de las prioridades de los gobiernos. Y para entender qué hay en juego, solo hay que observar qué pasa allí donde gobierna la extrema derecha o participa en coaliciones de gobierno. En Finlandia, una coalición con participación de la extrema derecha ha recortado prestaciones sociales. En Argentina, las políticas de ajuste de Javier Milei han afectado a la educación, la sanidad y las pensiones. En Estados Unidos, las reformas de Donald Trump prevén reducciones importantes en la cobertura de Medicaid, el programa sanitario para personas con recursos limitados. Son realidades diferentes, pero evidencian las consecuencias que pueden tener determinadas decisiones sobre la protección social.
Este debate tampoco es ajeno a España. En comunidades donde PP y Vox han gobernado o pactado, se han impulsado derogaciones de leyes de memoria democrática y modificaciones en la protección de los derechos de las personas trans, algunas suspendidas por el Tribunal Constitucional. Algunos pactos autonómicos también incorporan la denominada «prioridad nacional» en el acceso a ayudas y vivienda pública. Son decisiones que ponen de manifiesto diferentes maneras de entender la igualdad de derechos, la convivencia y la responsabilidad de los poderes públicos.
Frente a estos modelos, el Gobierno progresista de España ha impulsado políticas orientadas a reforzar la protección social y mejorar las condiciones de vida. Desde 2018, el salario mínimo ha pasado de 735,90 a 1.221 euros mensuales, un incremento del 66%. Las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,7% en 2026, mientras que las mínimas han aumentado más del 7%. El ingreso mínimo vital protege a cerca de 2,8 millones de personas, la inversión prevista en becas educativas alcanza los 2.559 millones de euros. Estos avances, junto con la reforma laboral, muestran cómo las decisiones políticas pueden contribuir a ampliar derechos y oportunidades.
Ahora bien, reconocer los avances no significa ignorar los retos pendientes. La vivienda continúa siendo una dificultad para muchos jóvenes y familias, persisten desigualdades y hay que seguir mejorando los servicios públicos. Precisamente por eso, la cuestión no es solo preservar lo conseguido, sino decidir cómo queremos seguir avanzando.
Desde el PSC queremos dar respuestas concretas a estos retos y seguir avanzando en la mejora de las condiciones de vida de las personas. Para que los jóvenes puedan emanciparse y construir su proyecto de vida, nos comprometemos a ampliar el acceso a la vivienda asequible. Para que las familias dispongan de más recursos y oportunidades, Pedro Sánchez ha anunciado que continuará incrementando el salario mínimo. Para garantizar unas pensiones dignas, propone blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y su revalorización. Y para que nadie se quede atrás, nos comprometemos a reforzar la sanidad, la educación y la atención a la dependencia, y a seguir avanzando en igualdad, derechos y libertades. Para hacer realidad estos compromisos y consolidar los avances logrados, es necesaria una mayoría progresista más amplia en el Congreso.
En definitiva, lo que nos jugamos este 29 de noviembre va mucho más allá de un resultado electoral. Porque defender los derechos sociales y los servicios públicos es también defender el bienestar de las personas, la igualdad de oportunidades y, en última instancia, la calidad de nuestra democracia.
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