Hay lemas políticos que buscan ser un refugio conceptual ante la ciudadanía. "El Gobierno de todos" es un ejemplo claro. Desplegado como una marca de gestión pragmática, pretende transmitir que el poder ejecutivo actúa con equidad. Sin embargo, la solidez de esta premisa se mide en su choque inevitable con la realidad material del país. Es en este choque donde el lema se resquebraja, desvelando que detrás de la acción de gobierno se esconde una agenda diseñada lejos de la tierra que se quiere transformar.
El epicentro de esta contradicción es el Plan Territorial Sectorial para el Desarrollo de las Energías Renovables en Cataluña (PLATER). Nadie niega la necesidad de transitar hacia un modelo descarbonizado por los compromisos con Europa, pero la cuestión no radica en el qué, sino en el cómo, el quién y el dónde. Durante la 37ª Encuentro Empresarial en el Pirineo, en junio de 2026, el presidente Salvador Illa defendió de manera directa la aplicación del plan afirmando que "necesitamos un 2% del territorio para asumir los compromisos que nos pide Europa". Illa admitió el conflicto con el mundo rural y local ante las quejas de ayuntamientos, pero justificó la medida por motivos económicos estructurales. Un destino inevitable ante el cual las comunidades locales solo pueden resignarse por el supuesto "bien común".
Lo que el Presidente omite es la anatomía del poder que mueve el oligopolio eléctrico. La opinión pública tiene derecho a preguntarse cuántos expresidentes, exministros y altos cargos socialistas han formado parte de consejos de administración de eléctricas, o la veintena que actualmente tienen relación directa con grandes productores de energía eólica y solar, el mercado global y los operadores de red. Unas empresas que reciben millones en subvenciones públicas para nuevas instalaciones que dicen de renovables, almacenamiento o modernización de aerogeneradores. El riesgo se socializa y los beneficios se privatizan. El PLATER se convierte así en un traje a medida diseñado para garantizar que el negocio cambie de color sin cambiar nunca de manos.
Ante esta soberbia tecnocrática, unos 280 municipios se han adherido al manifiesto en contra del PLATER, exigiendo la paralización del plan y un nuevo documento consensuado que proteja los espacios agrícolas y que evite los macroparques. Estos ayuntamientos tienen previsto constituirse formalmente como asociación para encargar informes técnicos y actuar de manera unificada a nivel jurídico.
Harían bien el President Illa, sus consejeros y su partido de la mano del PSOE de no sacrificar una parte del país ante los fondos de inversión. Si quieren utilizar el lema «el Gobierno de todos», deberían escuchar a quienes plantean un modelo alternativo, sostenible, democrático y participativo, con beneficios reales para los municipios rurales. Que no nos vengan con más discursos de soberanía alimentaria, resiliencia, eficiencia o autoconsumo. Los hechos demuestran de qué lado está el gobierno de la Generalitat, y no es el de todos, por mucho que sus palabras nos quieran hacer creer lo contrario; está al lado de unos cuantos que se encuentran al otro lado de las puertas giratorias. ¡¡Esta es la cuestión!!