En política, como en la vida, hay absoluciones que no son ningún triunfo.
La reciente sentencia sobre los hechos del 31 de julio de 2021, que afectaban a quien entonces era primer teniente de alcalde de Alcarràs y responsable de la seguridad del municipio, ha terminado con una absolución en el ámbito penal. Y esto es un hecho que, como no puede ser de otra manera, hay que respetar.
Ahora bien, la misma sentencia contiene una afirmación que habla por sí sola. El juez califica los hechos como “actuaciones en todo punto reprobables desde el punto de vista de una sociedad civilizada”. Porque una cosa es que unos hechos no lleguen a constituir delito penal y otra muy diferente es que sean compatibles con el comportamiento exigible a un representante público, y aún más si este representante era el responsable político de la seguridad del municipio.
Ese día se produjo un enfrentamiento grave con agentes de la Policía Local, con insultos, descalificaciones y presiones para forzar una actuación policial que los agentes no consideraban procedente. Entre los afectados había una agente que tuvo que escuchar expresiones absolutamente impropias de un cargo público.
Como alcalde de Alcarràs en aquel momento consideré —y lo sigo pensando hoy— que aquellos hechos eran incompatibles con la responsabilidad institucional que representábamos. Por eso nuestro grupo condenó aquella actitud y aquel episodio acabó provocando la ruptura del acuerdo de gobierno.
No fue una decisión política, sino una cuestión de respeto institucional.
Los trabajadores municipales, y especialmente los cuerpos de seguridad, merecen respeto y confianza. Alcarràs tiene profesionales de una gran calidad humana que cada día trabajan con vocación de servicio público. Su dignidad no puede ser cuestionada por ningún responsable político.
Por eso sorprende ver cómo algunos han querido presentar esta resolución judicial como una victoria personal. Cuando unos hechos llegan a los juzgados y durante años el nombre de tu pueblo aparece asociado a conflictos institucionales, lo que tocaría es reflexión, humildad y, quizás, alguna disculpa.
Disculpas hacia los agentes afectados.
Disculpas hacia los vecinos.
Disculpas hacia el pueblo de Alcarràs.
Porque los pueblos no recuerdan tanto las sentencias como recuerdan las actitudes.
Y la realidad —como decía Joan Fuster— siempre acaba siendo testaruda.
Alcarràs merece instituciones respetadas y responsables públicos que entiendan que ejercer autoridad no es imponerse a los demás, sino saber estar a la altura del cargo que representan.
En política, como en la vida, hay absoluciones que no son ningún triunfo.
La reciente sentencia sobre los hechos del 31 de julio de 2021, que afectaban a quien entonces era primer teniente de alcalde de Alcarràs y responsable de la seguridad del municipio, ha terminado con una absolución en el ámbito penal. Y esto es un hecho que, como no puede ser de otra manera, hay que respetar.
Ahora bien, la misma sentencia contiene una afirmación que habla por sí sola. El juez califica los hechos como “actuaciones en todo punto reprobables desde el punto de vista de una sociedad civilizada”. Porque una cosa es que unos hechos no lleguen a constituir delito penal y otra muy diferente es que sean compatibles con el comportamiento exigible a un representante público, y aún más si este representante era el responsable político de la seguridad del municipio.
Ese día se produjo un enfrentamiento grave con agentes de la Policía Local, con insultos, descalificaciones y presiones para forzar una actuación policial que los agentes no consideraban procedente. Entre los afectados había una agente que tuvo que escuchar expresiones absolutamente impropias de un cargo público.
Como alcalde de Alcarràs en aquel momento consideré —y lo sigo pensando hoy— que aquellos hechos eran incompatibles con la responsabilidad institucional que representábamos. Por eso nuestro grupo condenó aquella actitud y aquel episodio acabó provocando la ruptura del acuerdo de gobierno.
No fue una decisión política, sino una cuestión de respeto institucional.
Los trabajadores municipales, y especialmente los cuerpos de seguridad, merecen respeto y confianza. Alcarràs tiene profesionales de una gran calidad humana que cada día trabajan con vocación de servicio público. Su dignidad no puede ser cuestionada por ningún responsable político.
Por eso sorprende ver cómo algunos han querido presentar esta resolución judicial como una victoria personal. Cuando unos hechos llegan a los juzgados y durante años el nombre de tu pueblo aparece asociado a conflictos institucionales, lo que tocaría es reflexión, humildad y, quizás, alguna disculpa.
Disculpas hacia los agentes afectados.
Disculpas hacia los vecinos.
Disculpas hacia el pueblo de Alcarràs.
Porque los pueblos no recuerdan tanto las sentencias como recuerdan las actitudes.
Y la realidad —como decía Joan Fuster— siempre acaba siendo tozuda.
Alcarràs merece instituciones respetadas y responsables públicos que entiendan que ejercer autoridad no es imponerse a los demás, sino saber estar a la altura del cargo que representan.