Una ciudad no se mide solo por los edificios que se construyen, por los proyectos que se inauguran o por los millones que se invierten. También se mide por la capacidad de sus dirigentes de garantizar que el espacio público sea un espacio compartido, donde todo el mundo pueda convivir con respeto, tranquilidad y libertad. Esta es una de las responsabilidades más importantes de cualquier administración: crear las condiciones para que la convivencia sea posible.
Porque, si Lleida tiene una Ordenanza de Civismo desde hace casi veinte años, ¿por qué seguimos hablando de incivismo?
Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Porque todos hemos visto situaciones que no deberían formar parte del día a día de una ciudad como la nuestra. Plazas donde los vecinos han dejado de estar a determinadas horas. Ruidos que se repiten noche tras noche. Actos vandálicos contra el mobiliario urbano, fachadas y establecimientos. Consumo de alcohol que acaba alterando el descanso de los vecinos. Conductas que hacen que el espacio público deje de ser un lugar de convivencia para convertirse, demasiado a menudo, en un espacio donde algunos imponen sus normas.
Los próximos días el Pleno debatirá un nuevo texto. Y creo que el debate no debería ser si hay más o menos sanciones, sino si esta ordenanza será realmente útil. Si ayudará a prevenir conflictos, a actuar con más eficacia y, sobre todo, a recuperar la confianza de los ciudadanos que demasiado a menudo tenemos la sensación de que denunciar no sirve de nada.
Desde Junts hemos presentado un conjunto de enmiendas con este objetivo. No para hacer una ordenanza más dura, sino para hacerla mejor.
Por ejemplo, si queremos que los niños puedan jugar y, al mismo tiempo que se pueda disfrutar de las plazas y calles, no basta con decir que no se debe molestar. Hay que habilitar espacios adecuados para que se pueda jugar a pelota, ir en monopatín o hacer otras actividades sin generar conflictos. Convivir también es ordenar los usos del espacio público.
También hemos propuesto ser más contundentes con la reincidencia. Quien provoca molestias reiteradamente debe tener consecuencias, porque la convivencia también necesita límites claros.
Otra mejora, que creemos importante, es facilitar la participación de los ciudadanos. Si un vecino o vecina presencia una conducta incívica, debe saber cómo denunciarla. Por eso proponemos crear un canal de denuncia claro, sencillo y con garantías, que permita poner los hechos en conocimiento del Ayuntamiento para que pueda actuar.
También hemos querido reforzar la protección de las personas vulnerables. Hay situaciones que no se resuelven con una sanción. Cuando una persona ejerce la prostitución o se encuentra en una situación de exclusión social, la primera respuesta debe ser ofrecerle una salida desde los servicios sociales, no limitarnos a imponer una multa.
Hemos defendido las medidas restaurativas, especialmente en el caso de los jóvenes, porque reparar el daño causado a menudo educa más que una sanción económica. Y también hemos reforzado la presencia del catalán en la publicidad, porque la lengua también forma parte del paisaje urbano y de la identidad de la ciudad.
Pero, por encima de todo, este debate habla de responsabilidades. Los gobernantes tenemos el deber de dotar a la ciudad de normas claras, de dar herramientas a la Guardia Urbana y a los servicios municipales para que las puedan aplicar, y de tener la determinación de hacerlas cumplir. Gobernar también es esto. No mirar hacia otro lado cuando una minoría deteriora la convivencia porque nos afecta a todos. A la imagen de la ciudad.
Y los ciudadanos también tenemos una responsabilidad. Todos tenemos unos deberes que debemos cumplir. El espacio público es de todos y nadie se lo puede apropiar. Respetar las normas no es una opción, es una obligación; es la condición para que todos podamos disfrutar de una ciudad más limpia, más segura, más tranquila y más amable. Porque la convivencia se construye cada día. Con educación, con respeto, con normas claras y con la voluntad de hacerlas cumplir. Sin excepciones.