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Jueves, en la Seu Vella, las salvas volvieron a romper el silencio. Después hicimos la ofrenda ante el busto de Lluís Companys. Es un gesto que repetimos cada año y que, ahora más que nunca, conserva todo el sentido. Detenernos, estar ahí, recordar. Ochenta y seis años después de su fusilamiento, seguimos llevándole flores. Y lo seguiremos haciendo. Pero mientras dejábamos las nuestras, pensaba que las flores, por sí solas, no defienden ninguna libertad.
Me pregunto si estamos a la altura de aquello que decimos defender. Si el respeto que expresamos ante un monumento se traduce después en nuestras decisiones. Si sabemos sostener este compromiso cuando deja de ser cómodo.
Companys fue detenido en el exilio, entregado al franquismo, sometido a un consejo de guerra sin garantías y fusilado en Montjuïc el 15 de octubre de 1940. Con su asesinato querían liquidar también las instituciones que representaba, unas libertades y la voluntad de un país de gobernarse.
Por eso nos indignó profundamente oír cómo, en el pleno de la Paeria de septiembre, un concejal de Vox calificaba a Companys de «genocida». Oír aquellas palabras era doblemente grave: se difamaba a un presidente fusilado por el franquismo dentro de una institución que debe su recuperación democrática a la lucha y al sacrificio de tantas personas que sufrieron la represión. El alcalde le pidió tres veces que retirara la expresión. No lo hizo y acabó expulsado de la sesión.
Esto no puede quedar sin respuesta. Desde Esquerra hemos presentado una iniciativa para reprobarlo, porque hablar desde un escaño comporta una responsabilidad. La representación democrática no nos da carta blanca para difamar ni para convertir el dolor de las víctimas en munición política.
Companys no fue ningún genocida. Calificarlo así es una falsedad que tergiversa la historia y difama la memoria de un presidente asesinado por el franquismo. Nos indigna y nos obliga a responder: no podemos normalizar que se utilice el salón de plenos para esparcir estas mentiras. Defender la memoria democrática también significa desmentirlas con claridad y exigir responsabilidades a quien las pronuncia.
Entiendo el antifascismo como una responsabilidad cotidiana. La de no dejar sola a una persona cuando la señalan por su origen, su lengua, su identidad o sus ideas. La de defender los derechos también cuando quien los necesita no piensa como nosotros. La de poner límites al poder y garantizar que la discrepancia se pueda expresar sin miedo.
El 2026 no es el 1940. Conocer la historia nos obliga a respetar las diferencias entre épocas y también nos ayuda a reconocer las señales de alarma: el odio presentado como valentía, la humillación celebrada como una ocurrencia, la crueldad convertida en una propuesta política.
Companys forma parte de una tradición republicana que siento mía. Una tradición arraigada también en las tierras de Lleida, que vincula la libertad del país con la dignidad de su gente. Para mí, este legado toma sentido cuando la política sirve para reducir desigualdades, abrir oportunidades y hacer que las instituciones respondan a las personas. La democracia necesita este trabajo diario para mantenerse viva.
El jueves hicimos una ofrenda. En el próximo pleno pediremos una reprobación. Yo veo un mismo hilo: el compromiso de ser consecuentes con la memoria que reivindicamos. Quiero una Lleida donde el racismo, el fascismo y el autoritarismo encuentren una respuesta democrática firme. Una ciudad donde nadie tenga que bajar la cabeza por ser quien es.
Continuaremos llevando flores a Companys. Y, cuando volvamos a la Paeria, nos tocará defender con la misma convicción aquello que representan.