La cultura es mucho más que una simple forma de entretenimiento; es un elemento fundamental del desarrollo humano y social. En primer lugar, la cultura contribuye a la formación de la identidad individual y colectiva. Las expresiones culturales, como la música, la literatura, el teatro, el cine, y las artes plásticas, permiten a las personas conectar con su historia, tradiciones y valores, así como con otras culturas, fomentando así el respeto y la comprensión mutua. La cultura conforma la parte esencial de lo que somos como colectivo, nos define en un NOSOTROS.
Más allá de esta identidad comunitaria, de ese sentimiento nacional que nos configura una cultura común, también nos construye un sentimiento de pertenencia comunitaria de carácter local que, particularmente a los municipios más pequeños, es imprescindible y configura un escenario de cuidados mutuas. Especialmente en estos pequeños pueblos, que son los más numerosos en nuestra demarcación, la función de arraigo en el territorio que hace la cultura se convierte en un elemento a potenciar también desde las administraciones supramunicipales.
Además, la cultura es un motor económico significativo. Las industrias culturales y creativas generan empleo y riqueza, contribuyendo al desarrollo económico de los territorios. La inversión en cultura no sólo beneficia a los artistas y profesionales del sector, sino que también tiene un efecto multiplicador en otros sectores, como el turismo, la educación y los servicios.
La cultura, en definitiva es un servicio público que debe tener la consideración de esencial. Esto implica que la administración debe garantizar el acceso universal a la cultura, sin exclusiones de ningún tipo, ni por edad, ni condición económica ni tampoco por ubicación geográfica. Así como la salud, la educación y la seguridad son servicios públicos esenciales, la cultura también debe ser considerada como tal. Así pues las administraciones, y por lo tanto también la Diputación de Lleida, tiene un papel crucial en el desarrollo y la promoción cultural.
Esta actividad cultural debe configurarse en un doble camino. Por un lado con la estructuración de un sistema de subvenciones que garantice el acceso universal a la cultura, a la vez que permita el desarrollo de los proyectos artísticos de todos los ámbitos. Y también es imprescindible un papel activo por parte de la administración de manera que se fomenten aquellos aspectos más minoritarios, ya sea por la disciplina o el estilo y garantizando que lleguen por todo el territorio, sin discriminación hacia la ciudadanía que no vive en los grandes núcleos urbanos.
Esto incluye la creación y apoyo de infraestructuras culturales, la promoción de actividades culturales diversas y accesibles para todos. También incluye, evidentemente, colaborar con los diferentes productores y programadores culturales de manera que se garantice que estos profesionales puedan desarrollar su trabajo con una cierta garantía de sostenibilidad económica.
La cultura no debe ser un lujo reservado para unos pocos, sino un derecho accesible para todos. Así, la administración debe garantizar que la programación cultural incluya eventos gratuitos o a precios asequibles, asegúrese de que ningún ciudadano quede excluido por motivos económicos y ejerciendo un papel de reequilibrio territorial de manera que cualquier ciudadano pueda disfrutar de la cultura independientemente de donde viva.
La programación cultural desde la administración requiere un esfuerzo adicional al tener que realizarse mediante una norma de procedimiento y contratación que no está específicamente pensada para unas actividades que a menudo son particulares. Esto requiere una mayor previsión, planificación y una ejecución coordinada por parte de las instituciones públicas con el fin de dar cumplimiento a todos los requerimientos normativos que permitan finalmente la ejecución de los diferentes programas y actividades.
En conclusión, la cultura debe ser considerada como un servicio público esencial, con un acceso universal garantizado por las administraciones públicas. La Diputación de Lleida, mediante el Instituto de Estudios Ilerdenses, tiene como función colaborar tanto con las administraciones locales, como con los productores culturales, artistas y también entidades culturales privadas para asegurar esta riqueza cultural y para que llegue a toda la ciudadanía como herramienta para promover una sociedad más inclusiva, diversa y cohesionada; en definitiva, una sociedad más libre. Y esta finalidad la cumpliremos tanto participando y ayudando a los diferentes proyectos culturales programados, como participando con una programación propia que permita incidir en aquellos aspectos que se consideran importantes y que, tal vez, quedarían sin respuesta si no se aplicara la responsabilidad de implementar las políticas públicas que todas las administraciones tenemos.
Andreu Vázquez Romero, director del IEI
